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Megacárceles inspiradas en Bukele se expanden por Latinoamérica entre cuestionamientos por abusos

Desde 2023, al menos siete países de la región, entre ellos Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala, han anunciado o iniciado proyectos de megacárceles inspirados en el modelo de El Salvador.

Costa Rica inauguró recientemente un centro penitenciario con capacidad para 5.100 internos, mientras que Ecuador comenzó a recibir reclusos en la Cárcel del Encuentro y anunció otra instalación con espacio para 15.000 personas. Paraguay también puso en funcionamiento un establecimiento de máxima seguridad, mientras Argentina construye un recinto destinado a presos de alto perfil.

Sin embargo, la expansión de este sistema ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre posibles detenciones arbitrarias, malos tratos y abusos contra la población privada de libertad.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló que varios gobiernos están adoptando principalmente la imagen de las grandes prisiones, el endurecimiento de las penas y los discursos de mano dura, sin demostrar que estas medidas puedan reducir la violencia de manera sostenible.

Asimismo, especialistas advierten que las cárceles no necesariamente desarticulan las organizaciones delictivas, ya que algunas agrupaciones criminales de la región han surgido o fortalecido sus operaciones desde los propios centros penitenciarios.

En El Salvador, el régimen de excepción implementado desde marzo de 2022 ha provocado decenas de miles de arrestos, acompañados de denuncias por capturas injustificadas, torturas y otros abusos. Ante las críticas, el Gobierno de Bukele reconoció haber liberado a unas 8.000 personas detenidas y estudia nuevas medidas de libertad condicional.

Las diferencias entre los países también generan dudas sobre la efectividad de replicar este modelo, debido a que cada nación enfrenta estructuras criminales distintas, algunas vinculadas al narcotráfico internacional, el control de rutas y la corrupción institucional.

De esta manera, el avance de las megacárceles en Latinoamérica mantiene abierto el debate sobre si el endurecimiento de las políticas penitenciarias puede garantizar mayor seguridad sin comprometer los derechos fundamentales de las personas.

Fuente – EFE

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