El Gobierno del Reino Unido anunció un nuevo paquete de 31 sanciones contra buques vinculados a la llamada flota fantasma rusa, así como contra personas y entidades relacionadas con abusos cometidos contra civiles ucranianos.
Las medidas, comunicadas por el Ministerio de Exteriores británico, tienen como objetivo reducir los ingresos que financian la guerra de Rusia en Ucrania, además de combatir las redes de desinformación y sancionar a quienes Londres vincula con torturas, deportaciones y adoctrinamiento de menores ucranianos.
Entre los nuevos sancionados hay ocho personas señaladas por detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra civiles en territorios ocupados por Rusia. El Gobierno británico sostiene que estos hechos forman parte de un sistema de represión que también contempla desapariciones forzadas y obstáculos para acceder a la justicia.
Asimismo, siete personas fueron sancionadas por su presunta participación en el adoctrinamiento y la militarización de niños ucranianos, incluidos menores trasladados a centros de reeducación administrados por Rusia. Londres estima que alrededor de 6.000 menores han sido llevados a este tipo de instalaciones.
El paquete también incluye medidas contra siete personas acusadas de difundir desinformación favorable al Kremlin, entre ellas cuatro ciudadanos de Georgia.
Medidas contra buques rusos
Las sanciones alcanzan a ocho embarcaciones vinculadas al transporte y suministro energético ruso. Tres están relacionadas directamente con la denominada flota fantasma, dos proporcionan combustible a estos barcos y otros tres son buques rusos con capacidad para operar en zonas de hielo.
Las embarcaciones estarán sujetas a restricciones en materia de transporte marítimo y comercio.
Con esta nueva ronda, el Reino Unido asegura haber sancionado ya a cerca de 600 petroleros utilizados, según Londres, para evadir las restricciones occidentales y contribuir a la financiación del esfuerzo militar ruso.
Las 23 personas y entidades incluidas en el nuevo paquete también enfrentarán congelación de activos y restricciones para ocupar cargos de administradores de empresas. En el caso de las personas físicas, se aplicarán además prohibiciones de entrada al Reino Unido.
