El cartucho que sale de un arsenal pagado por el contribuyente dominicano y reaparece en manos de una banda haitiana no es un extravío de inventario. Es la cesión de capacidad de fuego a quienes ya controlan corredores de extorsión, tráfico y violencia al otro lado de la frontera. Cuando ese material lleva marcas de la Policía Nacional o del Ejército, la pregunta deja de ser administrativa y se vuelve de seguridad nacional.
Los hechos están documentados. En noviembre de 2024 las autoridades arrestaron al coronel Narciso Antonio Feliz Romero y a otros oficiales acusados de sustraer más de 900.000 proyectiles de los depósitos policiales y venderlos, incluso a personas en Haití. Una mujer en Pedernales habría recibido cajas de distintos calibres y las revendía entre 86 y 99 dólares a haitianos que, según la investigación, las usaban para delinquir. El coronel habría recibido efectivo en una mochila procedente de un contacto en el país vecino. Varios de los implicados fueron enviados a prisión preventiva.
El Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvió sobre el mismo filón en el informe examinado en 2026. Constató el desvío de 908.001 unidades de las reservas policiales —más de 489.000 cartuchos de 9 mm, unos 230.000 de 5,56 × 45 mm, alrededor de 26.000 de 7,62 × 39 mm y unos 93.000 de escopeta— y atribuyó la extracción a agentes corruptos de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Parte de ese material fue identificado en incautaciones hechas en Haití en febrero de este año. Municiones con marcas asociadas al Ejército aparecieron en poder de la banda 400 Mawozo y de grupos de Bel-Air. En diciembre de 2025 un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano fueron detenidos en La Tinaja, San Juan, con 1.516 cartuchos en una motocicleta; el oficial permanece en prisión preventiva.
El Ministerio de Defensa ha aclarado que la coincidencia de calibres o marcas no prueba por sí sola una transferencia institucional autorizada, que las municiones calibre .50 de fabricación dominicana de los años cincuenta tienen una trazabilidad aún abierta y que las Fuerzas Armadas mantienen cero tolerancia. Esa precisión es necesaria. No borra los inventarios ya cuantificados ni los arrestos.
La trazabilidad regional explica por qué el daño no se queda en Haití. La UNODC ha descrito las rutas que alimentan a las bandas: contenedores directos desde Florida, envíos indirectos por el norte y el oeste haitianos, y el corredor terrestre que pasa por puertos dominicanos —sobre todo Haina— antes de cruzar por pasos formales e informales. En febrero de 2025 las autoridades dominicanas, con agencias estadounidenses, incautaron en un contenedor procedente de Miami y con destino a Haití 23 armas, incluidos fusiles calibre .50, y más de 36.000 cartuchos. El sistema eTrace de la ATF y la unidad de inteligencia de armas de CARICOM permiten rastrear una parte de lo incautado; la gran mayoría de las armas recuperadas en Haití y rastreadas procede de Estados Unidos, en especial de Florida. El marcado que practican las Fuerzas Armadas dominicanas es reconocido como buena práctica precisamente porque hace visible la cadena de custodia. Cuando ese marcado aparece en poder de 400 Mawozo, la cadena se rompió por dentro.
Ese flujo sostiene la desestabilización. Las bandas haitianas no fabrican munición. La obtienen por robo a sus propias fuerzas, por contrabando desde Estados Unidos y, en la porción documentada, por desvío de existencias dominicanas y haitianas. Con ella controlan rutas hacia la frontera, extorsionan el tránsito y trafican armas, munición y mercancías. El resultado es un Estado sin control efectivo sobre amplias zonas de Puerto Príncipe, desplazamiento masivo y un riesgo de derrame que la República Dominicana ya gestiona con militarización fronteriza. Vender, o permitir que se venda, el parque de guerra propio a esos actores no es un negocio particular: es entregar munición a quienes convierten la porosidad de la isla en amenaza.
No toda bala que cruza nace en un cuartel dominicano. El grueso del armamento ilegal del Caribe sigue saliendo de Estados Unidos. Tampoco cada coincidencia de marca equivale a una orden institucional. Pero los inventarios policiales, los oficiales presos y el hallazgo reiterado de material marcado convierten la complicidad individual en un problema de patria. La diputada Soraya Suárez lo llamó traición y pidió sanciones severas. El término es político; el daño es medible. Un arsenal que el país paga para defender su territorio no puede reaparecer, caja tras caja, al servicio de quien dispara al otro lado de la línea. La respuesta exigida no es un comunicado: es inventario público, persecución hasta el último eslabón y controles que hagan más difícil repetir lo que ya se repitió
