QUITO, Ecuador.— La Fiscalía General de Ecuador solicitó prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González, por su presunta vinculación con un caso de lavado de activos relacionado con el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
González, representante del movimiento Revolución Ciudadana, fue detenida el jueves en su residencia, ubicada en la localidad de Canuto, provincia de Manabí. Posteriormente, fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde se desarrolla la audiencia de formulación de cargos.
El Ministerio Público también pidió prisión preventiva para el exasambleísta Santiago Díaz y Wendy Onofre, exfuncionaria del Municipio de Guayaquil, quienes figuran entre los investigados en el mismo expediente.
La indagación tomó fuerza a partir de las declaraciones de Díaz, quien afirmó haber trasladado dinero en efectivo desde Venezuela por instrucciones del expresidente Rafael Correa, con el supuesto propósito de financiar la candidatura de González en los comicios presidenciales extraordinarios de 2023. No obstante, la información disponible señala que esa versión no ha sido respaldada con pruebas presentadas públicamente.
Díaz permanece en prisión tras recibir una condena de 29 años y cuatro meses por un caso de violación de una menor. El exasambleísta había sido expulsado previamente del movimiento correísta.
Por otra parte, la Fiscalía busca establecer si la campaña de González también recibió fondos de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien enfrenta procesos judiciales y condenas relacionadas con otras investigaciones.
González fue candidata presidencial del correísmo en 2023 y 2025, elecciones en las que perdió en segunda vuelta frente al actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de confrontación política entre el Gobierno y Revolución Ciudadana, principal fuerza opositora del país. Dirigentes de esa organización han denunciado una supuesta persecución política mediante el sistema judicial, práctica conocida como lawfare.
La situación también coincide con las investigaciones que afectan al movimiento y con su suspensión e impedimento para participar en las elecciones locales previstas para el 29 de noviembre, según la información suministrada.
La solicitud de prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica que González sea culpable de los delitos que se le atribuyen. La responsabilidad penal de la excandidata y de los demás investigados deberá establecerse durante el proceso judicial correspondiente.
Fuente / EFE
