El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta a Ángel Luis Guzmán Vásquez, acusado de integrar una presunta red de corrupción que habría provocado pérdidas millonarias al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante autorizaciones irregulares de servicios médicos.
La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía, acogiendo una solicitud presentada por el Ministerio Público, al considerar que permanecen invariables las circunstancias que justificaron la imposición de la medida de coerción.
Ministerio Público destaca gravedad del caso
El fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución, explicó que la permanencia de Guzmán Vásquez en prisión responde a la gravedad de los hechos investigados y al riesgo procesal evaluado por las autoridades.
Según indicó, el tribunal entendió que aún subsisten las razones que motivaron la privación de libertad del imputado, por lo que decidió mantener la medida cautelar.
El magistrado fijó dentro de tres meses la próxima revisión obligatoria de la prisión preventiva.
Acusaciones por autorizaciones médicas irregulares
De acuerdo con las investigaciones, Guzmán Vásquez habría participado en un esquema fraudulento relacionado con autorizaciones de procedimientos médicos y consultas especializadas durante su desempeño como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa.
Las autoridades sostienen que las irregularidades permitieron la aprobación de servicios y pagos presuntamente fraudulentos por montos superiores a los establecidos legalmente.
El imputado fue arrestado a finales de abril por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Operación Cobra
El caso forma parte de la denominada Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público investiga una alegada estructura dedicada a realizar solicitudes fraudulentas de servicios médicos entre 2021 y 2025.
Según el expediente, las pesquisas identificaron 4,363 solicitudes vinculadas a consultas especializadas y cirugías ambulatorias, por un monto superior a 41 millones de pesos.
La acusación sostiene que la estructura habría operado mediante la colaboración de funcionarios y prestadores de servicios de salud para obtener beneficios económicos irregulares en perjuicio del Estado dominicano.
Más imputados bajo investigación
Las investigaciones fueron ampliadas posteriormente con la Operación Cobra 2.0, que incluyó nuevos imputados vinculados al supuesto entramado.
Algunos acusados cumplen prisión preventiva en centros penitenciarios, mientras otros enfrentan medidas como arresto domiciliario, presentación periódica, garantías económicas e impedimento de salida del país.
Entre los delitos atribuidos por el Ministerio Público figuran asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, soborno, falsificación de documentos, desfalco y lavado de activos.
Caso Onco14 amplía pesquisas
Las autoridades también desarrollan investigaciones relacionadas a través de la Operación Onco14, centrada en presuntas irregularidades que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
El Ministerio Público sostiene que ambas investigaciones forman parte de los esfuerzos para identificar y someter a la justicia a los responsables de estructuras que presuntamente desviaron recursos destinados a servicios de salud pública.
Con la judicialización de estos expedientes, el órgano persecutor procura obtener sanciones penales contra los involucrados y recuperar los fondos que, según las investigaciones, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
