Representantes comunitarios piden al Gobierno dominicano asumir una posición más firme frente a las detenciones y deportaciones que afectan a la diáspora, especialmente en El Bronx y Río Piedras.
Líderes comunitarios dominicanos de Nueva York y Puerto Rico hicieron un llamado al Gobierno dominicano para que adopte medidas concretas en defensa de sus ciudadanos, ante el incremento de las operaciones de control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que han generado preocupación entre las familias inmigrantes.
La petición surgió durante una mesa redonda organizada por las entidades Westchester Latinos Unidos y Vive y Aprende, en la que participaron representantes de organizaciones comunitarias, abogados y dirigentes de la diáspora para analizar las consecuencias de los operativos migratorios en sectores como El Bronx, en Nueva York, y Río Piedras, en Puerto Rico.
Durante el encuentro también se abordó el tiroteo de un ciudadano dominicano en Marble Hill, así como las intervenciones migratorias realizadas en comunidades puertorriqueñas, que, según los participantes, están provocando temor entre los residentes y afectando la tranquilidad de numerosas familias.
Uno de los principales planteamientos fue exigir al presidente Luis Abinader y a los consulados dominicanos que desempeñen un papel más activo en la asistencia y protección de los nacionales que enfrentan procesos de detención y deportación en Estados Unidos y Puerto Rico.
Comunidad dominicana, pilar de la economía puertorriqueña
De acuerdo con los datos del Censo estadounidense citados por los organizadores, los dominicanos constituyen el 58.5 % de la población nacida en el extranjero residente en Puerto Rico, con una presencia significativa en San Juan, particularmente en Río Piedras, Santurce y Barrio Obrero.
Las mujeres representan aproximadamente el 59 % de ese grupo poblacional. Además, la comunidad dominicana tiene una participación importante en la economía de la isla, con una tasa de incorporación al mercado laboral del 63 %, superior al promedio puertorriqueño de 44.3 %.
Asimismo, más del 35 % trabaja por cuenta propia en actividades vinculadas con los servicios, el comercio y la construcción.
Preocupación por medidas que afectarían a las escuelas
Otro asunto que generó inquietud fue el Proyecto del Senado 1062, una propuesta legislativa de Puerto Rico que, según los organizadores, eliminaría la exigencia de una orden judicial para que agentes de ICE puedan ingresar a escuelas públicas y acceder a expedientes estudiantiles.
Los participantes advirtieron que esta iniciativa, junto con los reportes de intervenciones migratorias en Río Piedras y Santurce, podría incrementar la incertidumbre entre los padres y limitar la asistencia de los menores a los centros educativos por temor a posibles detenciones.
Dirigentes reclaman unidad y respeto a los derechos
La abogada y activista laboral Jeannette García, de ascendencia dominicana y criada en Puerto Rico, sostuvo que las comunidades inmigrantes necesitan organizarse para defender sus derechos y evitar que el miedo afecte la convivencia familiar.
Por su parte, Marisol Alcántara, directora de Westchester Latinos Unidos, consideró necesario fortalecer la colaboración entre organizaciones de Nueva York y Puerto Rico para garantizar un trato digno y respetuoso a los inmigrantes.
En tanto, José Molina, director de proyectos de Vive y Aprende, alertó sobre las consecuencias emocionales que las intervenciones migratorias pueden ocasionar en los niños y sus familias, especialmente cuando se sienten amenazados en sus propios vecindarios y centros educativos.
La asambleísta estatal de Nueva York por el Distrito 84 de El Bronx, Amanda Septimo, también expresó su respaldo a las comunidades dominicanas y destacó la importancia de establecer mecanismos de acompañamiento para las personas más vulnerables.
Asimismo, la abogada Raquel Batista, directora ejecutiva de Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights, insistió en que debe respetarse el debido proceso y reclamó una participación más activa del Gobierno dominicano en la defensa de sus ciudadanos en el exterior.
Otros representantes, entre ellos Gabriela Martínez, Mónica Ponce Caballero, Ángela Fernández, Nayda Bobonis Cabrera, María Lizardo y el exlegislador municipal Jimmy Zorrilla, coincidieron en la necesidad de ampliar las redes de solidaridad, ofrecer asistencia a las familias y exigir garantías para los derechos de la población inmigrante.
Los dirigentes también reiteraron que los dominicanos residentes en Puerto Rico forman parte de la sociedad puertorriqueña y contribuyen al desarrollo económico, social y cultural de la isla.
El encuentro se realizó en el marco de la conferencia SOMOS el Futuro, actividad anual que reúne a funcionarios electos, representantes gubernamentales, empresarios y dirigentes de organizaciones latinas de Nueva York para debatir sobre los desafíos que enfrenta la comunidad hispana dentro y fuera de Estados Unidos.
