Un juez del Juzgado de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso una garantía económica de un millón de pesos, como medida de coerción, contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, acusado de planificar un atentado terrorista contra el presidente de la República, Luis Abinader.
La garantía deberá ser depositada en efectivo en el Banco Agrícola. Además, el tribunal dispuso impedimento de salida de San Francisco de Macorís, cuidado y vigilancia a cargo de su padre y presentación periódica cada 15 días ante la Fiscalía.
Al ofrecer los detalles de la decisión, el representante del Ministerio Público, Engels Luis Polanco Henríquez, explicó que las medidas buscan garantizar que el imputado permanezca vinculado al proceso mientras avanzan las investigaciones.
Polanco Henríquez indicó que, una vez realizado el depósito de la garantía económica, De la Cruz Sosa podrá recuperar su libertad, siempre que cumpla las restricciones establecidas por el tribunal.
Investigación por supuesto plan contra el presidente
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 57 páginas, el imputado figura como el principal señalado en una supuesta estructura integrada por al menos 10 personas que habría planificado un ataque contra el mandatario.
El Ministerio Público sostiene que los investigados intercambiaron informaciones sobre la preparación de artefactos explosivos, la obtención de datos relacionados con los desplazamientos del presidente y la planificación de un posible atentado.
Según el expediente, durante el arresto de De la Cruz Sosa fueron ocupados objetos y materiales que, presuntamente, serían utilizados para fabricar explosivos.
Aunque el documento menciona a otras nueve personas que habrían participado en la supuesta estructura, hasta el momento De la Cruz Sosa es el único que ha sido sometido a la justicia por este caso.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra el joven, al considerar que debía permanecer bajo custodia mientras avanzaban las pesquisas. Sin embargo, el juez decidió imponer una garantía económica de un millón de pesos, junto con las demás restricciones.
