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La Fiscalía ha presentado un escrito de acusación con imputaciones múltiples contra 13 personas involucradas en una red criminal que operaba en la Junta Municipal de Santiago, acusados de tramitar miles de documentos falsificados, tanto públicos como privados, según informó este lunes la Procuraduría General de la República (PGR).
En el comunicado, la PGR detalla la estructura descubierta en la operación Colibrí, revelando cómo la red reclutó a individuos con diversos roles, quienes se dedicaban a falsificar documentos como cédulas de identidad, licencias de conducir, carnés de diferentes tipos, permisos para portar armas de fuego y títulos de propiedad.
Los acusados son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo), Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso (exempleado de la Junta Central Electoral).
La investigación, liderada por la Fiscalía de Santiago en conjunto con técnicos de la Junta Central Electoral, resultó en la recopilación de más de 800 elementos de prueba, entre ellos plásticos incautados durante allanamientos, utilizados para imprimir los documentos falsificados.
Según los detalles de la pesquisa, los ‘buscones’ o intermediarios de la red gestionaban los trámites de documentos falsificados, incluyendo actas del Registro Civil Dominicano, las cuales eran alteradas. Los acusados borraban la información original de las actas, manteniendo intacto el papel de seguridad, y luego imprimían la nueva información falsa, logrando que los documentos tuvieran todas las características de seguridad del original.
El Ministerio Público ha calificado el proceso bajo los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, por asociación de malhechores, falsificación de escritura auténtica o pública y falsedad en escritura privada.
A José Carlos Montero Troncoso se le imputa también la violación de los artículos 265, 266, 145, 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, y los artículos 6 párrafo I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con la asociación de malhechores, falsedad y alteración de documentos, así como el acceso fraudulento a bases de datos.
