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La dictadura cubana ha establecido, a través de un decreto publicado en la Gaceta Oficial, nuevas medidas para enfrentar la creciente crisis energética en la isla. A partir de 2028, todas las empresas privadas y extranjeras consideradas grandes consumidoras deberán generar el 50% de la energía que utilizan durante las horas de mayor demanda, en un intento por reducir la presión sobre el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La normativa también incluye a trabajadores autónomos, organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas estatales y cooperativas que consuman un promedio mensual superior a 30 megavatios hora o 50.000 litros de combustible.
Entre las restricciones más destacadas se encuentra la prohibición de utilizar aires acondicionados a temperaturas inferiores a 24 grados Celsius en cualquier establecimiento, tanto mercantil como estatal o privado, sin importar su nivel de consumo.
Además, el decreto establece sanciones económicas para quienes incumplan las nuevas regulaciones, con multas de hasta 15.000 pesos cubanos (aproximadamente 625 dólares al cambio oficial para empresas).
En caso de que la generación eléctrica no sea suficiente para cubrir la demanda, la dictadura podrá activar un «régimen especial de contingencia eléctrica», lo que implicaría la paralización de hornos eléctricos, desconexión de equipos de refrigeración y limitación del bombeo de agua a las viviendas.
Estas medidas se producen en el marco de una crisis energética que se ha agravado desde el pasado mes de agosto, con déficits eléctricos superiores al 50% en el último mes.
El Sistema Eléctrico Nacional ha sufrido dos colapsos totales recientes, consecuencia de la falta de combustible y las recurrentes averías en centrales termoeléctricas que tienen más de 40 años en funcionamiento y carecen de mantenimiento adecuado.
