San Pedro Sula, Honduras (AP) — En un aeropuerto abarrotado de migrantes deportados, Norma, una hondureña de 69 años, se encuentra sentada bajo las luces fluorescentes, sosteniendo un vaso desechable de café y un pequeño plato de huevos. Es todo lo que le esperaba al regresar a Honduras, después de haber gastado todos sus ahorros en su intento de encontrar seguridad en Estados Unidos.

Norma nunca había considerado abandonar su hogar, pero las amenazas de muerte anónimas contra ella y sus hijos, junto con los hombres armados que se presentaron en su puerta para amenazarla, la obligaron a huir. La misma pandilla que mató a uno de sus familiares días antes ahora la persigue. Después de vender sus bienes y gastar $10,000 en el viaje, se embarcó en un largo y peligroso trayecto hacia el norte, acompañada por su hija y nieta, con la esperanza de encontrar una vida más segura.

Sin embargo, su solicitud de asilo en Estados Unidos fue rechazada, y ella y su familia fueron deportadas. Ahora, está de vuelta en Honduras, atrapada en el mismo ciclo de violencia, sin un hogar seguro y con pocas opciones para salir adelante. A medida que se encuentra nuevamente en el radar de la misma pandilla que la amenazó, la situación parece cada vez más desesperante.

El Dilema de los deportados en Centroamérica

La situación de deportación afecta principalmente a países del Triángulo Norte de Centroamérica, como Honduras, Guatemala y El Salvador, que enfrentan una presión creciente debido a las políticas de deportación de Estados Unidos. Según Jason Houser, exjefe de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE), estos países, con una gran cantidad de ciudadanos viviendo ilegalmente en Estados Unidos, son los más vulnerables a las deportaciones masivas.

Con la administración de Trump priorizando la deportación de migrantes vulnerables, los países del Triángulo Norte temen que el regreso de sus ciudadanos los sumerja en una crisis aún más profunda. «No hay capacidad para recibir a tanta gente», señaló Antonio García, viceministro de Asuntos Exteriores de Honduras. «Hay muy poco que existe para los retornados».

En 2015, Honduras comenzó a recibir grandes cantidades de deportados, aproximadamente medio millón hasta la fecha. Muchos son recibidos en el aeropuerto con lo mínimo: café, pequeñas bolsas de comida y artículos de higiene. Sin embargo, tras su regreso, los deportados se enfrentan a un país marcado por la violencia de las pandillas y la falta de oportunidades laborales. Muchos de ellos, como Norma, no tienen a dónde ir, atrapados en un ciclo de pobreza y amenazas.

El Ciclo de la Migración Forzada

El gobierno de Honduras ofrece algunos servicios para los deportados, pero la ayuda es limitada, y la mayoría de los retornados se encuentran en una situación económica desesperada. La violencia y la falta de trabajo dificultan su reintegración en la sociedad hondureña. Algunos, como Norma, no pueden regresar a sus casas debido a la amenaza constante de las pandillas, mientras que otros enfrentan deudas impagables.

De acuerdo con las estimaciones, alrededor del 40% de los hondureños deportados intentan regresar a Estados Unidos, a menudo arriesgando aún más sus vidas en busca de un futuro más seguro. La falta de un apoyo adecuado y las condiciones difíciles que enfrentan los migrantes deportados alimentan este ciclo de migración y violencia, lo que crea un ambiente propenso a nuevas oleadas de migrantes que buscan escapar de la inseguridad.

Norma, que había soñado con un futuro diferente para ella y su familia, se encuentra ahora atrapada en una realidad sombría. “No sabemos lo que queda adelante”, dice con tristeza, mientras espera en el aeropuerto sin saber qué le deparará el futuro. Como ella, miles de deportados regresan a un país que no tiene recursos ni estructuras adecuadas para recibirlos, lo que deja a muchos sin esperanza y atrapados en una situación de vulnerabilidad constante.