El Concejo de Regidores del Distrito Nacional se encuentra en proceso de elaboración de un proyecto de ordenanza destinado a regular el cobro por el uso de rampas de acceso a establecimientos comerciales ubicados en espacios de dominio público. Con el objetivo de escuchar las opiniones y sugerencias de los interesados, se prevé convocar próximamente a vistas públicas para recabar comentarios sobre esta propuesta.
En la actualidad, el proyecto se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, y su siguiente paso será la convocatoria a las mencionadas vistas públicas. Este esfuerzo surge tras un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC), en el que se cuestionaba la legalidad del cobro de 200 pesos por cada metro cuadrado de acera utilizado como rampa para el acceso a propiedades privadas.
La propuesta en discusión establece que las entidades comerciales ubicadas en avenidas principales y que hagan uso de las aceras para ingresar a sus propiedades deberán pagar anualmente una suma de 200 pesos por cada metro cuadrado de acera utilizado. En las calles secundarias, el monto sería de 100 pesos por metro cuadrado.
El Tribunal Constitucional determinó que la resolución 1-92 y su modificación 21-96 violan el artículo 51 de la Constitución de la República, que establece que «el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la inmobiliaria titulada». Esta decisión ha impulsado el trabajo del Concejo de Regidores para replantear y ajustar la normativa.
La regidora Nerys Martínez, representante de la Fuerza del Pueblo (FP), resaltó que esta ordenanza es una reformulación del proyecto original, el cual regula el uso de los espacios públicos. Además, subrayó que el cobro de arbitrios, como este, constituye una de las principales fuentes de ingresos de la Alcaldía, lo cual refuerza la facultad municipal de implementar esta medida.
Con la realización de las vistas públicas y el análisis de las opiniones recabadas, se busca llegar a una solución justa y legalmente adecuada que regule el uso de estos espacios públicos, garantizando el acceso a la propiedad de acuerdo con la ley y respetando los derechos constitucionales.
