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El debate sobre los fondos internacionales y su influencia en la política nacional está lejos de ser un tema superficial o una mera disputa entre partidos. En la última denuncia hecha por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su Secretario General, Johnny Pujols, se ha señalado a la organización Participación Ciudadana por su presunta vinculación con el uso de recursos otorgados por la USAID. Según el PLD, estos fondos pudieron haber tenido un impacto directo en la política dominicana, particularmente en las elecciones de 2020.
Este tema no solo tiene implicaciones políticas, sino que también plantea una de las cuestiones más delicadas y fundamentales para cualquier democracia: la transparencia. Y es que la denuncia realizada no se trata simplemente de una lucha de poder entre adversarios políticos, sino de un legítimo reclamo por parte de un sector político que exige claridad sobre el manejo de recursos extranjeros en un país cuyo destino está siendo influenciado por actores externos.
Se habla de un «golpe de estado blando», una estrategia no violenta pero poderosa, que puede tener efectos duraderos en la política de un país sin recurrir a las armas. Aunque no es un golpe de estado tradicional, este tipo de intervenciones blandas, que a menudo emplean tácticas de desinformación, movilización social y apoyo internacional, pueden ser tan perjudiciales como una rebelión armada, ya que debilitan las bases democráticas de un país. Y, aunque el término «golpe de estado blando» pueda sonar exagerado, la preocupación de que actores externos estén incidiendo en las decisiones políticas nacionales no debe tomarse a la ligera.
La transparencia, en este sentido, no debería ser un concepto negociable. Si Participación Ciudadana no tiene nada que ocultar, ¿por qué debería resistirse a publicar detalles sobre cómo se han utilizado los fondos de la USAID? El partido gobernante, el PLD, ha sido claro al expresar que no se trata de una acusación infundada ni de una guerra sucia. Su solicitud de rendición de cuentas está fundamentada en documentos oficiales y en la necesidad de garantizar que los recursos internacionales no sean usados con fines políticos, ni para beneficiar a grupos específicos dentro del país.
Es evidente que la relación entre el PLD y Participación Ciudadana ha sido tensa durante años, pero las denuncias actuales requieren un análisis más allá del plano partidario. La pregunta central sigue siendo la misma: ¿cómo y en qué se utilizaron esos fondos? ¿Tuvieron influencia en las elecciones de 2020? Es imposible ignorar que la falta de respuestas claras alimenta la desconfianza en las instituciones y en la política en general.
Si no se responde con total transparencia, no solo se está perdiendo la confianza de la sociedad dominicana, sino que también se está socavando el principio básico de cualquier democracia: la rendición de cuentas. Ningún partido, organización o individuo está por encima de la ley, y el uso de fondos internacionales debe ser supervisado y transparentado para evitar cualquier tipo de manipulación. La pregunta no es si la transparencia debe ser solicitada, sino por qué aquellos que se benefician de estos recursos se oponen a esclarecer cómo los están utilizando.
Al final del día, lo que está en juego es la salud de la democracia dominicana. La transparencia debe ser un estándar universal, y no debe haber resistencia cuando se trata de rendir cuentas sobre los fondos que influyen en la política nacional. No se trata de confrontar a un partido u otro, sino de garantizar que la política del país se conduzca con integridad y sin la intervención de intereses externos que puedan desestabilizarla.
La sociedad dominicana merece respuestas. Las instituciones, ya sean gubernamentales o no, deben actuar con total transparencia para proteger la democracia y la confianza pública. De lo contrario, el riesgo de que estemos viviendo, sin darnos cuenta, un «golpe de estado blando», sigue siendo real. Solo con un compromiso firme con la transparencia y la rendición de cuentas podremos fortalecer nuestra democracia y asegurarnos de que nuestro futuro político sea construido por y para los dominicanos, sin influencias externas que empañen el proceso.
