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Un juzgado de Instrucción Permanente de La Romana conoció este martes la solicitud de medidas de coerción contra los implicados en la Operación Guepardo, quienes están acusados de ser parte de una presunta mafia dedicada a estafar a inversionistas en el sector inmobiliario.
Durante más de cuatro horas se extendió la audiencia en la que se solicitó la medida de coerción contra los principales señalados: el canadiense Yves Alexandre Giroux, la empresaria Marisol Nova Nolasco, propietaria de la constructora Novasco Real Estate, y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, dueña de la franquicia Remax One. También se espera la extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, otra de las implicadas, quien es propietaria de otra constructora.
La acusación sostiene que los implicados formaron una red de estafadores que engañaron a cientos de personas, principalmente dominicanos residentes en el extranjero, a través de la venta fraudulenta de apartamentos en La Romana y Bávaro.
Afuera del Palacio de Justicia de La Romana, algunas de las víctimas se manifestaron con pancartas para exigir la devolución del dinero invertido y mayores controles en el sector inmobiliario, afectado por estos fraudes.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los imputados, y además pidió que el caso sea declarado como complejo, dada la magnitud de los hechos y la cantidad de personas involucradas.
