La Procuraduría General de la República (PGR) ha emprendido acciones legales para impedir que el empresario Antonio Espaillat López transfiera bienes a su nombre, tras sospechas de que esta maniobra busca evadir responsabilidades con las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set.
Según informes del Ministerio Público, encabezado por la Dirección de Persecución que dirige el procurador adjunto Wilson Camacho, se han puesto en marcha varias “diligencias procesales” orientadas a congelar los bienes de Espaillat y sus empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club. Estas acciones forman parte de la investigación penal en curso por la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, en la que el techo de concreto de la reconocida discoteca se desplomó durante un evento musical, provocando la muerte de 232 personas, incluidos el merenguero Rubby Pérez, y dejando más de 180 heridos.
Entre las medidas adoptadas, el órgano acusador ha interpuesto oposiciones a traspasos de bienes que estaban en movimiento. Una fuente cercana a la investigación reveló que también se han gestionado impedimentos cautelares para bloquear cualquier transacción accionaria o patrimonial relacionada con las compañías de Espaillat. Estas diligencias se realizan bajo el amparo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, no porque se investigue al empresario por ese delito, sino como recurso legal para evitar la enajenación de sus propiedades mientras avanza el proceso judicial.
“El objetivo es proteger los derechos de las víctimas y garantizar que haya recursos disponibles para una eventual reparación de daños”, explicó la fuente.
Aunque Antonio Espaillat ha manifestado públicamente estar a disposición de las autoridades y colaborar con la investigación, el Ministerio Público ha comenzado una revisión exhaustiva de la documentación legal de sus empresas, licencias, pólizas de seguros, y las condiciones estructurales del local siniestrado.
La Ley Orgánica del Ministerio Público, 133-11, sustenta estas actuaciones, otorgando a este órgano autonomía para dirigir investigaciones penales y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la protección de víctimas y testigos.
El colapso del Jet Set ha generado una profunda conmoción nacional por el número de víctimas y la trayectoria histórica del establecimiento, considerado uno de los íconos del entretenimiento en la capital dominicana.
