La Casa Blanca defendió este lunes la decisión del gobierno de deportar a tres menores de edad con ciudadanía estadounidense junto a sus madres indocumentadas, una medida que ha desatado fuertes críticas de organizaciones civiles y sectores de la sociedad.
Durante una rueda de prensa, Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, argumentó que fue decisión de las madres que sus hijos salieran del país con ellas. “No deportamos ciudadanos estadounidenses. Fueron los padres quienes tomaron la decisión, no el Gobierno de Estados Unidos”, afirmó.
Homan insistió en que mantener a los niños en EE.UU. habría generado denuncias por separación familiar, asegurando que las madres solicitaron que sus hijos fueran deportados junto a ellas. Sin embargo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunció que el ICE en Nueva Orleans mantuvo a las familias casi incomunicadas, sin acceso a abogados, impidiendo que las madres pudieran acceder a alivios migratorios a los que eran elegibles.
La medida ha reavivado el debate sobre la constitucionalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses, amparados por la Decimocuarta Enmienda, que otorga la ciudadanía a todo nacido en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
En paralelo, Homan anunció que las redadas en lugares de trabajo “se triplicarán de nuevo” como parte del endurecimiento de las políticas migratorias del Gobierno de Trump. Según el funcionario, las ciudades santuario han forzado a ICE a realizar arrestos directamente en centros laborales, donde también han detectado casos de trata de personas y explotación laboral.
La administración también confirmó el arresto de 800 indocumentados en Florida la semana pasada en un operativo conjunto con fuerzas policiales estatales, incluyendo individuos con antecedentes por homicidio y vínculos con pandillas. Otro operativo en Colorado resultó en más de 100 arrestos en un solo día.
Organizaciones de derechos humanos han exigido el regreso de las madres deportadas y acceso a un debido proceso judicial, denunciando un patrón de violaciones a los derechos de las familias migrantes.
EFE
