El Gobierno de Venezuela denunció este miércoles la existencia de un presunto plan terrorista que, según sus autoridades, buscaba sabotear las elecciones regionales y legislativas del pasado domingo mediante ataques coordinados contra infraestructuras estratégicas, embajadas y oficinas de organismos internacionales. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró que entre los blancos del complot se encontraban las embajadas de España, Francia y Colombia, así como sedes de la ONU y residencias diplomáticas.
Cabello afirmó que el supuesto plan fue organizado por un “grupo terrorista” vinculado a la oposición venezolana, con el apoyo de bandas criminales y financiamiento del narcotráfico. “Perdieron el sentido de la política, quieren convertir el ejercicio de la política en una cloaca”, expresó durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).
El ministro detalló que la conspiración también contemplaba ataques contra comandos policiales, hospitales, estaciones eléctricas, instalaciones petroleras y estaciones de servicio. Según dijo, en los últimos diez días fueron “neutralizados” casi 60 intentos de sabotaje contra infraestructuras petroleras.
Hasta ahora, el gobierno reporta más de 70 personas detenidas en varios estados del país, incluyendo Zulia, Aragua, Carabobo, Miranda y Caracas. Entre los arrestados se encuentra el exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, a quien Cabello identificó como el “jefe” de la red encargada del supuesto plan desestabilizador.
Además, el gobierno vinculó a varias organizaciones no gubernamentales con esta estructura, entre ellas Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible. Según Cabello, estas conexiones surgieron de información hallada en uno de los teléfonos incautados a Guanipa tras su detención. “Es mentira que sean defensores de derechos humanos. Nadie que se asuma como tal puede participar en acciones que buscan perturbar la paz del país”, declaró.
El caso también involucra al abogado y activista Eduardo Torres, detenido el 10 de mayo. El fiscal general Tarek William Saab lo acusó de utilizar una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana como fachada para organizar focos de violencia, difundir mensajes de odio y promover la destrucción de centros electorales.
La oposición y las ONG señaladas han rechazado las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de criminalización y persecución política en el marco del proceso electoral.
