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Cristina Fernández denuncia restricciones “arbitrarias” en su régimen de visitas

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció ante la Justicia que el régimen de visitas impuesto en su arresto domiciliario es “totalmente arbitrario” y vulnera sus derechos civiles.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció ante la Justicia que el régimen de visitas impuesto en su arresto domiciliario es “totalmente arbitrario” y vulnera sus derechos civiles.

Según lo establecido por el tribunal, Fernández solo puede recibir visitas de familiares, abogados y médicos. Para recibir a cualquier otra persona, debe solicitar autorización judicial previa. A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la exmandataria expresó su descontento:

“Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie”.

En el recurso presentado por su defensa, se argumenta que la medida impuesta le genera un “agravio actual, concreto y específico” y resulta incompatible con los derechos a la vida familiar y social, protegidos por la Constitución Nacional.

Fernández, de 72 años, también cuestionó si se le están aplicando normas fuera del marco legal:

“¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí?”, se preguntó.

Uso del balcón y advertencia judicial

El reclamo ocurre un día después de que el tribunal respondiera a un pedido de aclaración sobre si podía o no utilizar el balcón de su domicilio. La Justicia indicó que no se le prohíbe el uso de ningún espacio de la vivienda, pero le pidió actuar con “prudencia” para evitar alterar la convivencia con los vecinos, debido a la presencia constante de simpatizantes que se congregan bajo su balcón.

Horas después, la exmandataria salió brevemente a saludar desde el lugar, gesto que fue recibido con aplausos por sus seguidores.

Cristina Fernández cumple arresto domiciliario desde el 17 de junio, tras haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la concesión de obras viales durante su mandato presidencial (2007–2015).

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