Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y víctima de un violento atentado ocurrido el pasado 7 de junio.
enfrenta ahora un nuevo revés judicial una demanda que busca retirarle su investidura como Senador , pese a que aún permanece hospitalizado y en estado delicado tras recibir un disparo en la cabeza.
La acción legal fue presentada ante el Consejo de Estado por Carlos Alberto Sánchez Gras, quien afirma representar a la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y al sindicato Sinsergen Mindefensa. En el documento, acusa a Uribe de haber realizado actividades proselitistas el mismo día del ataque, lo cual —según alega— constituye una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades estipulado en la Constitución.
La demanda sostiene que el senador participó en reuniones, pronunció discursos y difundió mensajes electorales en redes sociales con fines políticos, utilizando indebidamente su rol como funcionario público para favorecer su candidatura. Incluso afirma que “expuso su vida” al realizar actos públicos en un entorno de alta inseguridad, lo que habría facilitado el atentado que hoy lo mantiene en cuidados intensivos.Diversos sectores políticos y sociales han expresado indignación ante la acción judicial, calificándola de insensible y oportunista. Consideran inhumano impulsar una pérdida de investidura mientras Uribe lucha por sobrevivir.
La acción se ampara en los principios de moralidad administrativa, equidad electoral y separación entre funciones públicas e intereses personales, y solicita la destitución inmediata del senador bajo las leyes 1437 de 2011 y 2213 de 2022.
Avances del caso por el atentado
Paralelamente, las autoridades han identificado al presunto autor intelectual del atentado: Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño o Chipi, un barbero del barrio El Muelle con un amplio prontuario delictivo. Según la Policía, Arteaga usaba su local “Capital Barber Shop” como fachada para coordinar actividades de microtráfico y sicariato.
La Fiscalía no descarta que el atentado contra Uribe esté relacionado con su activa postura contra el narcotráfico en Bogotá. Se investigan posibles vínculos de los agresores con redes criminales como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua.
Por ahora, Miguel Uribe permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe. Aunque su estado ha pasado de “extrema gravedad” a “grave subagudo”, el panorama sigue siendo reservado. La demanda en su contra añade un capítulo inesperado y polémico a una historia marcada por la violencia y la lucha política.
