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Este viernes, el Ministerio Público presentará un recurso de apelación contra las medidas de coerción impuestas a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del Jet Set Club, donde el pasado 8 de abril colapsó el techo del establecimiento, provocando la muerte de 236 personas y más de 180 heridos.
Ambos hermanos están acusados de homicidio involuntario y lesiones no intencionales, en un caso que ha generado una fuerte conmoción en la sociedad dominicana.
Las medidas actuales —garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país— fueron impuestas por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, decisión que ahora será impugnada por el órgano acusador.
El expediente será remitido a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, encabezada por Julio César Cano Alfau. A través de un sorteo computarizado, se asignará a una de las salas penales para conocer y resolver sobre la solicitud del Ministerio Público.
El director de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, sostuvo que la decisión judicial subestimó la magnitud del daño ocasionado. Enfatizó el profundo impacto de la tragedia: 236 víctimas fatales, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos. Camacho también señaló que los imputados antepusieron sus intereses económicos sobre la seguridad de quienes frecuentaban la discoteca.
Además, el abogado Félix Portes Núñez, representante legal de 30 víctimas, presentó formalmente una objeción contra la decisión que dejó en libertad a los hermanos Espaillat. En su instancia, solicitó revocar las medidas de coerción vigentes y que se imponga prisión preventiva a los acusados.
Portes criticó la postura de la jueza que rechazó asumir como probada la conducta delictiva atribuida a los imputados, alegando que con ello se desconoce el principio jurídico del dolo eventual.
