La Unidad Antifraude de la Contraloría General remitió a la Procuraduría General de la República un informe de la investigación sobre la ejecución contractual de la empresa Dekolor, que tiene a cargo la emisión de licencia de conducir y en el que, según esa institución, se revelan «graves irregularidades», como, por ejemplo, pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.
En cuanto al comportamiento financiero del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (Intrant), entre enero de 2021 y julio de 2022, periodo en el que tenía como director a Rafael Arias, «se constató la falta de conciliaciones bancarias adecuadas que permitieran transparentar el comportamiento de los cobros efectuados a través de los distintos mecanismos, incluyendo PagordXchange S.R.L.
Asimismo –agrega la institución de supervisión – se detectaron conciliaciones sin las firmas requeridas, lo que debilita los controles internos y afecta la transparencia en la gestión y el debido recaudo de los fondos».
El documento emitido por la Unidad Antifraude, generado a partir de un informe financiero forense, detalla la evolución de la relación contractual entre el Intrant y la empresa Dekolor, S.R.L., iniciada con la licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, publicada el 8 de agosto de 2019., y formalizada mediante el contrato núm. DJ-CSB-001-2020, firmado el 7 de enero de 2020.
En la tercera, registrada formalmente en el año 2022, «reconoció la existencia de las adendas anteriores, sin que estas hubiesen sido regularizadas. Estas actuaciones evidencian serias debilidades en el cumplimiento del marco normativo, comprometiendo los principios de legalidad, transparencia y control administrativo».
Explica que las evaluaciones se llevaron a cabo para verificar la legalidad y cumplimiento de los registros contractuales ante los órganos de control y requerir información mediante oficios institucionales a funcionarios del Intrant, áreas administrativas y jurídicas, así como a otras entidades públicas y privadas vinculadas al proceso.
Resultó adjudicada con contrato de RD$805 millones
Contraloría explica que la empresa Dekolor, S.R.L. resultó adjudicataria del contrato para la emisión de licencias de conducir, con un monto fijado en RD$805.69 por cada servicio. No obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Asimismo, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.
Por otra parte, se detectó que el convenio con Pagord Xchange, S.R.L., firmado en julio de 2021 para el cobro de servicios con una comisión del 10%, fue un mecanismo no aprobado por el órgano competente y no fue un contrato registrado formalmente, en violación de la normativa vigente.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron violaciones a la Ley núm. 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno, al Decreto núm. 3-19 sobre certificados médicos psicofísicos y a la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Estos incluyen: firma de contratos y adendas sin registro adecuado ante la Contraloría General, adjudicación de contratos sin publicación de ofertas económicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, modificaciones contractuales no justificadas, falta de transparencia en los procesos de contratación y convenios firmados con empresas privadas sin criterios claros de selección ni registros oficiales.
«En cuanto al comportamiento financiero del Intrant entre enero de 2021 y julio de 2022, se constató la falta de conciliaciones bancarias adecuadas que permitieran transparentar el comportamiento de los cobros efectuados a través de los distintos mecanismos, incluyendo PagordXchange S.R.L. Asimismo, se detectaron conciliaciones sin las firmas requeridas, lo que debilita los controles internos y afecta la transparencia en la gestión y el debido recaudo de los fondos», añade la nota de prensa.
La Unidad Antifraude sostiene que el informe fue remitido la Procuraduría General de la República para la profundización en los hallazgos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley; de igual modo, fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los fines correspondientes.
