Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas (DGCP), afirmó que el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Dekólor ha estado marcado por graves irregularidades desde su inicio y se mantuvo vigente mediante adendas cuestionables.
Pimentel afirmó que, aunque todos los directores del INTRANT firmaron prórrogas al polémico contrato, Milton Morrison fue el único que se negó a renovarlo y prefirió iniciar un nuevo proceso de licitación.
Sin embargo, este nuevo proceso enfrenta “jauría de acosos judiciales, presiones y chantajes” para impedir la adjudicación a un nuevo proveedor, y actualmente está suspendido por decisión del Tribunal Superior Administrativo.
El funcionario destacó que el pliego de condiciones de la nueva licitación es robusto y cumple con la ley, rechazando observaciones que intentan favorecer a Dekólor o a contratistas específicos.
Además, reveló que la Unidad Antifraude y la Contraloría realizaron una auditoría forense y financiera sobre el contrato, cuyos resultados serán enviados al Ministerio Público.
La investigación surge tras irregularidades detectadas en el proceso de semáforos inteligentes y la expedición de licencias, casos que, según Pimentel, involucran a actores muy similares y un alto nivel de incidencia de funcionarios públicos dentro del INTRANT.
Pimentel subrayó que, aunque la DGCP tiene competencias limitadas sobre contratos en ejecución, la Unidad Antifraude juega un papel clave en estas pesquisas, que podrían abrir nuevas investigaciones judiciales sobre la gestión de fondos y procesos en el INTRANT.
