Una coalición de 20 fiscales estatales presentó este miércoles una demanda contra el Gobierno del presidente Donald Trump por haber cancelado un programa de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que financiaba proyectos de preparación y mitigación ante desastres naturales.
La querella fue interpuesta ante un tribunal federal en Massachusetts y busca que se restituya el Programa de Construcción de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC), el cual destinaba miles de millones de dólares a la prevención de desastres en todo el país.
En la demanda, los estados argumentan que la cancelación del programa ha sido devastadora para las comunidades, obligando a suspender o reducir cientos de proyectos críticos. Aseguran, además, que esta decisión fue ilegal, ya que contradice la voluntad del Congreso, que había aprobado su continuidad con amplio respaldo bipartidista.
“En nombre de combatir el despilfarro, el fraude y el abuso, el presidente Trump y sus aliados han vuelto a poner en riesgo la seguridad pública con recortes indiscriminados a los fondos de mitigación”, expresó el fiscal general de California, Rob Bonta, quien calificó a su estado como uno de los más vulnerables ante desastres naturales.
Por su parte, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, acusó a la administración Trump de tener una “hostilidad abierta” hacia el respaldo federal en emergencias, y de pretender trasladar toda la responsabilidad a los estados.
La Casa Blanca, por su lado, ha defendido los recortes como una forma de promover mayor autonomía estatal en la gestión de emergencias.
La acción legal se produce pocos días después de que Texas sufriera una catástrofe por lluvias intensas, que dejaron más de 130 muertos durante las festividades del 4 de julio, y con más de un centenar de personas aún desaparecidas.
