La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, normativa vigente desde hace cinco años, pero que ha sido actualizada para hacer frente al persistente problema de la basura en la República Dominicana.
Los legisladores conocieron la pieza en la sesión de la tarde y, de inmediato, convocaron a una asamblea extraordinaria para validar el proyecto, que fue aprobado con la mayoría de los votos.
El proyecto será reenviado ahora al Senado, donde fue aprobado inicialmente en enero de 2025, a fin de revisar las modificaciones introducidas por los diputados y someterlo nuevamente a votación.
Durante el proceso legislativo, una comisión de la Cámara Baja se reunió con sectores productivos, el Ministerio de Medio Ambiente, el presidente Luis Abinader y senadores, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible frente a las preocupaciones manifestadas.
Cambios principales
Entre las principales modificaciones se encuentra el artículo 154, que establece que los productos de foam (poliestireno expandido) deberán biodegradarse en un 20 % durante el primer año y alcanzar un 90 % de descomposición en cinco años. Este proceso deberá ser verificado mediante pruebas de laboratorio y auditorías anuales.
Además, los fabricantes deberán obtener certificados de cumplimiento conforme a normas internacionales, requerimiento que también aplicará a las empresas importadoras de plásticos. La Dirección General de Aduanas (DGA) tendrá a su cargo verificar las certificaciones al momento de la importación.
La ley también limita a un vertedero por provincia y permite una planta procesadora de residuos por cada 10 regiones, en un radio de 70 kilómetros, a excepción de la región Ozama, por su densidad poblacional.
Otro cambio destacado es la inclusión de una obligación para los fabricantes de cemento: deberán incorporar el uso de residuos sólidos como fuente de combustible alternativo en sus calderas.
Aportes empresariales y críticas
Los diputados redujeron los montos de las contribuciones aprobadas en el Senado para el manejo de residuos sólidos, aunque algunos legisladores consideraron que siguen siendo elevados.
Las nuevas cuotas establecen que:
- Empresas con ingresos de hasta RD$1 millón pagarán RD$3,000.
- Hasta RD$10 millones, pagarán RD$6,000.
- Hasta RD$25 millones, la cuota será de RD$20,000.
- Hasta RD$100 millones, se pagará RD$675,000 (menos que los RD$2 millones propuestos originalmente).
Estos aportes serán deducibles de la renta bruta e indexados anualmente al índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, advirtió que si se quiere resolver de forma seria el problema de la basura, en el futuro cercano será necesario aumentar estas tarifas, a pesar de que —según dijo— ya están entre las más bajas de América Latina.
Nuevas facultades y sanciones
La ley también modifica el artículo 38 para que los recursos del fondo de gestión integral de residuos sólidos puedan ser destinados a estaciones de transferencia, cierre de vertederos a cielo abierto, construcción de rellenos sanitarios, proyectos integrados y transporte vinculado a la transferencia de desechos.
El Ministerio de Medio Ambiente estará facultado para imponer sanciones administrativas. Las infracciones muy graves podrían recibir multas entre 100 y 1,000 salarios mínimos del sector público. En el caso de residuos sólidos peligrosos, las sanciones van de 1,000 a 3,000 salarios mínimos, además de trabajos comunitarios de dos a 30 días.
