El Ministerio Público (MP) acusó al tribunal que conoció la solicitud de medidas de coerción contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras de no valorar adecuadamente un testimonio clave en el proceso, lo que —según sostiene— permitió minimizar un intento de obstrucción a la investigación.
En su recurso de apelación, el MP señala que el testimonio de Gregorio Adames Arias fue ignorado injustificadamente por el tribunal, a pesar de que este declarara haber sentido temor tras leer una entrevista publicada por Diario Libre, en la que la imputada Maribel Espaillat se refería directamente a él.
«En ese interrogatorio se puede verificar cómo, después de leer un artículo con declaraciones dadas por la señora Maribel Espaillat, el testigo sintió miedo por las afirmaciones realizadas sobre su persona. Incluso, la imputada lo contactó para reunirse con él en su vivienda», señala el documento.
La publicación a la que hace referencia el MP recoge una cita textual atribuida a Maribel Espaillat: “El sábado yo estaba sentada con él y le decía: ‘Gregory, ¡qué equipo tan bueno tenemos! Estos muchachos son un regalo. Nunca pensé que sería la última vez que hablaríamos’”. Según el testigo, estas palabras le hicieron sentir intimidado.
El Ministerio Público criticó que el tribunal haya dado mayor peso a una captura de pantalla presentada por la defensa, que muestra una conversación ambigua entre ambos. Según el recurso, esas pruebas debieron ser tratadas como presupuestos de la defensa y no como base suficiente para desestimar el testimonio.
«La jueza hizo una errada valoración de los hechos al dar validez a esa evidencia sin considerar adecuadamente la declaración formal del testigo, incluida en el expediente, en la que describe cómo la imputada lo contactó directamente para saber si había revelado información que comprometía penalmente a los encartados», precisa el documento.
De acuerdo con la versión del Ministerio Público, Adames Arias testificó que Maribel Espaillat lo visitó en su casa para preguntarle a quién había contado lo que sabía sobre los hechos ocurridos en el Jet Set Club. Al responder que a nadie, la imputada le advirtió que esa información “podía acarrearle 20 años de cárcel a Antonio Espaillat”.
El Ministerio Público concluye que estas acciones constituyen un claro intento de interferir en el proceso judicial y, por tanto, reiteró la necesidad de imponer medidas de coerción estrictas como única forma proporcional y eficaz ante la gravedad del caso.
