A partir de septiembre de este año, las instituciones del Estado que no alcancen al menos 85 puntos en las evaluaciones de sus portales de transparencia serán sancionadas, según informó la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
La medida está contemplada en el Decreto No. 166-25, emitido por el presidente Luis Abinader, y busca fortalecer el cumplimiento de la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.
Milagros Ortiz Bosch, directora de la Digeig, explicó que los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades informativas podrán ser excluidos del pago de compensaciones extraordinarias. Asimismo, advirtió que las faltas graves podrán ser sancionadas administrativamente, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos e incluso prisión.
Las nuevas disposiciones también obligan a las instituciones a integrar metas de transparencia en los acuerdos de desempeño de los empleados públicos, bajo supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Un elemento clave será el uso obligatorio del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), plataforma oficial para gestionar las solicitudes ciudadanas.
La Digeig distribuirá una matriz de responsabilidad informacional, que especifica qué información debe ser publicada, por quién, en qué formato y con qué frecuencia, con el objetivo de garantizar la transparencia activa y el cumplimiento de la Ley No. 200-04 y la Política Nacional de Datos Abiertos.
Estas medidas aplicarán a todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo, tanto centralizados como descentralizados.
