Los diez imputados en la Operación Lobo fueron enviados a arresto domiciliario, según dispuso este jueves el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Además, el caso fue declarado complejo.
La medida fue dictada durante una audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde los acusados fueron trasladados en horas de la tarde. El fallo había sido reservado desde el miércoles.
Entre los encartados figuran oficiales activos y retirados de cuerpos castrenses, así como funcionarios vinculados a empresas estatales. El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva contra cinco de ellos, al considerarlos un riesgo para la investigación, pero el tribunal impuso arresto domiciliario a todos los acusados.
Félix Portes: “No vamos a apelar porque estamos conformes con la decisión”
El abogado Félix Portes, defensor de uno de los imputados, declaró que no apelará la medida impuesta a su cliente, ya que el objetivo principal fue alcanzado.
“Gracias a Dios, va a obtener su libertad. Obviamente estará bajo arresto domiciliario, pero podrá estar junto a su familia”, expresó Portes. Añadió que la defensa técnica había solicitado esa medida y fue acogida por el tribunal. “No hay razón para apelar. Nosotros mismos propusimos esa medida”, aseguró.
El abogado también advirtió que la investigación apenas inicia y que podrían surgir nuevos implicados con mayor nivel de responsabilidad.
Los implicados y el alcance del caso
Entre los que admitieron participación en los hechos figuran Quilvio Rodríguez González, gerente de seguridad de Edenorte; Bolívar Nicolás Fernández Espinal; el coronel Andrés Pacheco Varela; el coronel Ramón Quezada Ortiz, y el primer teniente Wellington Peralta Santos.
También están imputados el general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, este último miembro activo de la Fuerza Aérea.
Según el expediente, la red operaba en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.
La investigación está a cargo de 26 fiscales, con el respaldo de 189 agentes de la Policía Nacional. El Ministerio Público afirma tener pruebas documentales y testimoniales que vinculan a los acusados con prácticas de soborno y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos.
