El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que respetará la decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
El recurso impugnaba la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que, a solicitud del Ministerio Público, ordenó a la Defensa Pública asignar abogados para representar legalmente a empresas privadas cuyos propietarios ya estaban siendo asistidos por defensores públicos.
“Somos un órgano constitucional con autonomía reforzada, garantes del debido proceso y defensores de los derechos fundamentales. Pero, sobre todo, somos respetuosos de las leyes, normas y decisiones emitidas por los tribunales de la República. Por tanto, procuraremos dar cumplimiento a la decisión emitida por el más alto tribunal. ¡Se pueden ganar batallas, pero no la guerra!”, expresó Valentín.
Cuestionamientos sobre el alcance de la decisión
Valentín sostuvo que tanto la Constitución como la Ley núm. 277-04 sobre el Servicio de Asistencia Legal Gratuita establecen una distinción clara entre personas físicas y jurídicas. Señaló que, cuando se refieren a personas jurídicas, las leyes lo hacen de manera expresa, mientras que para las personas físicas emplean el término “persona(s)”.
“Hago esta acotación porque, en la decisión originaria, el Ministerio Público fundamentó su requerimiento alegando que ni la Constitución ni la ley distinguen entre personas físicas y jurídicas, lo cual constituye, a nuestro entender, una interpretación errada”, agregó.
El artículo 176 de la Constitución dominicana establece que el Servicio de Defensa Pública debe brindarse en todo el territorio nacional bajo los principios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, a favor de personas imputadas que no cuenten con abogado.
Comparaciones internacionales y advertencias
En su calidad de coordinador de las Defensorías Públicas del Caribe y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), Valentín afirmó que no tiene conocimiento de que en América Latina exista una defensoría pública que brinde servicios legales gratuitos a empresas, comercios, organismos o industrias.
También indicó que este modelo tampoco se aplica en Estados Unidos, donde las solicitudes de defensa pública son evaluadas según la capacidad económica del solicitante, e incluso puede exigirse un reembolso parcial posterior.
El funcionario expresó preocupación por las posibles consecuencias del fallo, especialmente ante el riesgo de que se incremente la demanda de asistencia legal por parte de entidades privadas en áreas complejas como el derecho corporativo, societario, civil y otras relacionadas con juntas empresariales. A esto se suma, explicó, la escasez de personal especializado y un déficit de aproximadamente 250 defensores a nivel nacional.
“No nos cabe la menor duda de que el Ministerio Público celebra esta decisión favorable, pero con ese mismo interés e ímpetu con que procura asistencia legal para empresas privadas, debería también mostrar un compromiso firme con la representación de víctimas en materias como tierra, civil, laboral, administrativa, niñez y adolescencia, y defensa del consumidor”, sostuvo.
Posible acción constitucional
Valentín no descartó llevar el caso ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se trata de un tema de alto interés que desborda una interpretación estricta del artículo 176 de la Constitución.
“Es importante reiterar que somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, sin perjuicio de los recursos o acciones que podamos interponer contra una decisión que consideramos incorrecta”, concluyó.
Finalmente, recordó que la Oficina Nacional de Defensa Pública es la entidad de abogados más grande del país, y que brinda servicios gratuitos a través de profesionales comprometidos con la justicia social y de alta formación técnica.
