El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó este martes la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), para conformar una nueva entidad denominada Ministerio de Hacienda y Economía.
Esta reestructuración institucional representa un paso importante hacia la modernización del aparato estatal, orientado a fortalecer la coherencia entre las políticas fiscales, económicas y de planificación pública. En consecuencia, la ley deroga la Ley núm. 496-06, que había dado origen al MEPyD en diciembre de 2006.
La pieza legislativa fue aprobada con carácter de urgencia por la Cámara de Diputados el pasado 15 de julio, tras haber sido sancionada previamente por el Senado el 22 de mayo. Su propósito central es consolidar en una sola institución la rectoría de la política económica del Estado, articulando eficientemente la política fiscal con el sistema nacional de planificación e inversión pública.
Principales implicaciones de la ley:
- Eliminación del MEPyD: Sus funciones fundamentales en economía, planificación e inversión pública serán asumidas por el nuevo Ministerio de Hacienda y Economía.
- Redistribución de competencias: Áreas como cooperación internacional y ordenamiento territorial pasarán a la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia.
- Reorganización estructural: La nueva entidad ministerial integrará una arquitectura institucional renovada, que agrupa funciones bajo viceministerios específicos como: Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.
- Rectoría reforzada: El nuevo ministerio asume la coordinación del sistema nacional de planificación e inversión pública, así como de las políticas macroeconómicas y fiscales del país.
Asimismo, la legislación incorpora disposiciones orientadas a garantizar una transición institucional ordenada. Entre ellas figuran mecanismos para la continuidad de los servicios públicos, el traslado de personal, y la adecuación normativa, administrativa y presupuestaria, en plazos definidos por reglamento.
Esta reforma estructural responde a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública, que buscan dotar al Estado dominicano de estructuras más eficientes, racionalizadas y orientadas a resultados concretos.
