El Gobierno del presidente Donald Trump demandó este jueves a la ciudad de Nueva York, acusando a las autoridades locales de obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración mediante sus políticas de “ciudad santuario”.
La demanda fue presentada por el Departamento de Justicia y sostiene que las políticas migratorias de la ciudad han “interferido sistemáticamente” con el trabajo de los agentes federales. “Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal solo se han intensificado”, señala el texto judicial.
Esta acción legal se enmarca en la escalada de medidas antimigrantes impulsadas por la administración Trump y se suma a demandas similares contra otras jurisdicciones lideradas por demócratas como Los Ángeles, Colorado, Nueva Jersey e incluso el estado de Nueva York.
El Gobierno federal argumenta que las disposiciones neoyorquinas, que restringen la colaboración entre la policía local y los servicios de inmigración, generan “problemas de seguridad pública” y dificultan las labores del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las políticas de santuario comenzaron en la ciudad en 1989 y fueron reforzadas en 2014 bajo la alcaldía de Bill de Blasio, quien prohibió la cooperación de las cárceles locales con ICE y cerró la oficina de esa agencia federal en Rikers Island.
Por su parte, defensores de estas normativas sostienen que mejoran la seguridad al fomentar la confianza de las comunidades migrantes en las autoridades, ya que permiten reportar delitos sin temor a deportaciones. Según datos de la New York Immigration Coalition, en promedio se registran 35,5 delitos menos por cada 10.000 personas en los condados con políticas santuario, en comparación con aquellos que no las aplican.
