En el juicio contra los imputados en los casos Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó las declaraciones de siete tasadores judiciales que evaluaron inmuebles supuestamente adquiridos con fondos públicos por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros implicados.
Los peritos identificaron tres residencias en el exclusivo sector Colina del Oeste, atribuidas a Cáceres Silvestre, el coronel Franklin Antonio Mata Flores y el capitán Boanerges Reyes Batista, con un valor conjunto estimado en US$3,486,544.92.
Según la acusación, estas propiedades fueron registradas a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones S.R.L., vinculada a Rossy Guzmán Sánchez, conocida como La Pastora, en una supuesta maniobra para ocultar la titularidad real de los bienes.
También testificó la perito encargada de tasar un bien agroindustrial de la Asociación Campesina Madre Tierra, entidad registrada a nombre de Cáceres Silvestre. El avalúo valoró el inmueble, que incluye naves avícolas y áreas de cultivo, en aproximadamente US$3,856,046. El informe señala que esta propiedad fue ocultada mediante terceros, entre ellos Elvin Rudys Martínez y Guzmán Sánchez, quienes figuran como directivos. Martínez admitió haber prestado su nombre para esos fines.
Además, exempleados del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) revelaron presuntas irregularidades administrativas durante la gestión de Greibby Cuello Coste en 2020, esposa del general Juan Carlos Torres Robiou, también imputado.
Los testigos indicaron que Cuello Coste designó como gerente financiero al coronel Rafael Núñez de Aza, quien ya ocupaba cargos similares en Cestur y Cusep. Aunque la Contraloría revocó su nombramiento, fue mantenido como representante ante el Comité de Compras y Contrataciones del Conani.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Harolin Lemos, Melvin Romero, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, ha presentado 272 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 materiales y 120 informes periciales para sustentar la acusación de corrupción administrativa, asociación de malhechores y lavado de activos.
La audiencia, dirigida por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, continuará el martes 29 de julio de 2025 a las 9:00 a.m.
