La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y diversas organizaciones políticas y sociales presentaron este martes una demanda de clase contra la administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, con el objetivo de anular una medida que impide a los inmigrantes detenidos solicitar la libertad bajo fianza.
La demanda, impulsada por la ACLU nacional, la ACLU del Sur de California, el Proyecto de Derechos del Inmigrante del Noroeste (NWIRP, por sus siglas en inglés) y los abogados Niels Frenzen y Jean Reisz, cuestiona la legalidad de una política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que restringe el acceso a audiencias de fianza para miles de personas en proceso de deportación.
“La Constitución garantiza a todas las personas dentro de las fronteras de Estados Unidos los derechos a la igual protección y al debido proceso de la ley”, afirmó Michael Tan, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Detención indefinida sin revisión judicial
Según los demandantes, esta nueva directriz de ICE podría condenar a miles de inmigrantes a detención indefinida, mientras sus casos son procesados durante meses o incluso años, eliminando así la posibilidad de obtener libertad bajo fianza ante un juez migratorio.
“La administración Trump busca reescribir la protección constitucional, negando a millones de inmigrantes en centros de detención la posibilidad de solicitar fianza, y lo hace mediante un memorándum sin justificación válida”, denunció Tan.
Impacto en Puerto Rico
La política también ha tenido impacto directo en Puerto Rico, donde ya se han reportado casos de negación de fianza, según confirmó Annette Martínez, directora ejecutiva de ACLU-PR. Indicó que más de 800 personas han sido detenidas por ICE en la isla.
“Ya ha habido casos de negación de fianza a personas detenidas por ICE”, recalcó Martínez.
La demanda busca representar no solo a quienes han sido afectados por esta política en todo Estados Unidos, sino también a aquellos a quienes se les ha negado audiencia de fianza en la Corte de Inmigración de Adelanto, uno de los centros más activos en este tipo de detenciones.
Organizaciones movilizadas
Diversas entidades puertorriqueñas, como Ayuda Social Puerto Rico, Abogados de Inmigración de Puerto Rico y el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, han ofrecido asistencia legal a personas migrantes afectadas por las redadas del ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.
Los demandantes recalcan que los derechos constitucionales se aplican a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, y que la Cláusula del Debido Proceso protege también a los inmigrantes sin estatus regularizado.
La acción legal busca detener lo que consideran un retroceso grave en los derechos fundamentales, en un momento en que las políticas migratorias federales se han vuelto cada vez más restrictivas.
