Una investigación en Colorado reveló que varios agentes policiales, incluyendo miembros de la Patrulla de Caminos, habrían compartido sin autorización información confidencial sobre inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), utilizando la aplicación encriptada Signal.
La pesquisa, liderada por el Departamento del Alguacil del Condado de Mesa, se centró en el caso de Caroline Dias-Goncalves, una joven inmigrante brasileña detenida por ICE tras regresar a su hogar en Colorado desde la Universidad de Utah, donde cursaba estudios.
Según el informe, al menos cinco agentes de la Oficina del Alguacil habrían violado leyes estatales vigentes desde hace más de una década, al compartir con ICE datos personales de Dias-Goncalves sin orden judicial ni autorización legal.
El subalguacil Alexander Zwinck es señalado como el principal responsable de haber difundido los datos en un grupo de Signal integrado por policías locales y agentes federales. La aplicación ha sido objeto de controversia anteriormente por su uso para discutir temas sensibles dentro del gobierno federal.
El propio alguacil del condado de Mesa, Todd Rowell, reconoció públicamente que su oficina no debió intervenir en este caso:
“Lamento que esto haya ocurrido. Le pido disculpas”, declaró.
La investigación también involucra a otros altos mandos de esa dependencia, incluyendo un capitán, un teniente, un sargento y otro subalguacil. Rowell solicitó al fiscal general de Colorado, Phil Weiser, que se publique íntegramente el contenido del grupo de Signal donde se compartió la información.
Basado en hallazgos preliminares, el fiscal Weiser presentó la semana pasada una demanda judicial contra Zwinck. Este jueves, su oficina anunció que amplió la investigación para determinar si otros agentes del grupo también incurrieron en violaciones similares.
Además, se informó que la Patrulla de Caminos de Colorado también habría compartido datos personales con ICE a través del mismo canal encriptado.
Weiser advirtió en un comunicado que existen indicios de “graves violaciones a la ley estatal” y que su oficina está evaluando si estas acciones constituyen un patrón sistemático de violación de derechos civiles por parte de diversas agencias del orden.
“El fiscal general tiene el deber de hacer cumplir las leyes estatales y proteger a los residentes de Colorado, y continuará haciéndolo”, concluyó el comunicado oficial.
