El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este martes la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso de corrupción administrativa conocido como “Operación Coral”.
La defensa técnica de Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), había presentado la petición el pasado 6 de mayo, alegando que se había excedido el plazo máximo establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal. No obstante, el tribunal —integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania H. Yunes y Jissel Naranjo— dictó la Resolución núm. 249-02-2025-SRES-00089, mediante la cual desestimó el pedimento y ordenó la continuación del juicio de fondo.
Origen del proceso
El proceso judicial contra Cáceres se originó en mayo de 2021, cuando el Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le impuso prisión preventiva. Posteriormente, el 26 de junio de 2023, el Sexto Juzgado de la Instrucción emitió un auto de apertura a juicio mediante la Resolución núm. 062-2023-SPRE-00090. La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia apoderó al Primer Tribunal Colegiado para conocer el caso el 25 de agosto del mismo año.
Oposición del Ministerio Público
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y el Estado dominicano, en calidad de parte querellante, se opusieron formalmente a la solicitud de extinción los días 8 y 13 de mayo, respectivamente. Ambas partes argumentaron que el proceso no ha agotado los plazos legales y que aún quedan fases judiciales pendientes, incluida la continuación del juicio.
Acusaciones
Adán Cáceres y sus coimputados enfrentan cargos por violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como a leyes especializadas, incluyendo:
- Artículo 146 de la Constitución sobre la corrupción
- Ley núm. 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Bienes
- Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Ley núm. 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del narcotráfico
Una red de corrupción en instituciones militares
Según la acusación, la red operaba desde el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), y desviaba fondos públicos a través de mecanismos como nóminas falsas, viáticos irregulares y contrataciones ilícitas.
Además de Cáceres Silvestre, están imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, el teniente coronel Rafael Núñez de Aza, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de Rossy Guzmán), el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro Montero Cruz.
El Ministerio Público estima que el entramado sustrajo más de 4,500 millones de pesos del Estado dominicano.
