El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su intención de adelantar el Censo 2030 y excluir del conteo oficial a los inmigrantes indocumentados.
La propuesta rompe con más de dos siglos de práctica constitucional, según la cual el censo incluye a todos los residentes del país sin importar su estatus migratorio.
Esta iniciativa, ampliamente cuestionada por expertos legales y líderes comunitarios, ha sido interpretada como parte de una estrategia para alterar la redistribución de distritos electorales a favor del Partido Republicano.
Una tradición constitucional en juego
Desde 1790, el censo poblacional de Estados Unidos se ha realizado cada diez años, como lo establece la Constitución. El objetivo ha sido siempre contar a todas las personas que residen en el país, sin discriminar por nacionalidad o situación migratoria. Esta información es clave no solo para la distribución de fondos federales, sino también para la asignación de escaños en la Cámara de Representantes y la definición de los distritos electorales.
Trump, sin embargo, pretende romper con esa norma histórica. Su plan busca excluir a millones de personas indocumentadas del próximo conteo oficial, lo que modificaría de forma sustancial la representación política en varias regiones del país.
Un antecedente en el Censo 2020
Durante su primer mandato, la administración Trump ya intentó sin éxito excluir a los inmigrantes sin papeles del Censo 2020. Aunque los tribunales bloquearon la medida, el proceso terminó con un subregistro significativo de la comunidad latina.
Según datos oficiales, se omitieron más de tres millones de latinos, mientras que la población blanca no hispana fue sobrecontada. El margen de error neto para los latinos fue del 4,99 %, frente a una sobreestimación del 1,64 % en la población blanca. Esta distorsión afectó la distribución de recursos y la representación política, especialmente en estados con alta presencia inmigrante.
Críticas legales y constitucionales
Juristas y expertos en políticas públicas han advertido que la propuesta de Trump carece de base legal. La autoridad para modificar la estructura o los criterios del censo recae exclusivamente en el Congreso. Aunque se podrían realizar censos intermedios con fines estadísticos, sus resultados no pueden emplearse para redefinir distritos ni para redistribuir el poder político.
El intento de adelantar el censo y excluir a millones de personas ha sido calificado como inconstitucional y contrario a los principios democráticos fundamentales del país.
Impacto político y electoral
De concretarse, la exclusión de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados estimados en 2022 podría alterar significativamente la composición de los distritos electorales. Esto beneficiaría principalmente al Partido Republicano en los comicios legislativos de 2026 y en las elecciones presidenciales de 2028.
La propuesta llega en un momento de alta tensión política en estados como Texas, donde el rediseño de distritos ha sido criticado por favorecer al bloque conservador a través del gerrymandering, una práctica que manipula los límites electorales para consolidar mayorías partidistas.
Reacciones de la comunidad latina
Organizaciones y líderes latinos han denunciado la propuesta como un intento deliberado de invisibilizar políticamente a millones de personas. Acusan a Trump de usar el aparato censal como herramienta electoral, ignorando sus fundamentos constitucionales y su función esencial en la democracia estadounidense.
Para muchos, esta nueva ofensiva es una repetición —con más intensidad— de la estrategia aplicada durante su primer mandato.
