El próximo miércoles 27 de agosto, un juez especializado en infancia y adolescencia dictará sentencia contra el menor de 14 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un atentado que conmocionó a Colombia y puso en evidencia el uso de menores por parte del crimen organizado.
En una audiencia reservada realizada el 5 de agosto, el joven aceptó los cargos de homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
Con esta admisión, enfrenta una posible condena de hasta ocho años de privación de la libertad en un centro especializado para adolescentes infractores.
Aunque inicialmente se consideró otorgarle un principio de oportunidad a cambio de colaboración, la Fiscalía descartó esta posibilidad al determinar que el testimonio del menor no fue clave para identificar y capturar a los demás implicados.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) solicitó que el joven no cumpliera reclusión, pero la gravedad del atentado podría llevar al juez a imponer una sanción efectiva.
El atentado desencadenó una investigación que ya ha dejado seis capturados vinculados a una estructura criminal que planeó y ejecutó el ataque.
Entre los detenidos figuran Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, encargada de transportar la pistola Glock 9 mm utilizada; Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco; William González Cruz, alias el Viejo; Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño; y Christian González, señalado como conductor de la motocicleta utilizada para la fuga del sicario.
También se reportó el abandono de un centro de emergencia del Icbf por parte de un segundo adolescente de 17 años, quien aseguró haber sido el primer contratado para cometer el atentado, lo que indica la existencia de un plan alternativo coordinado por esta red criminal.
Las autoridades señalan como presunto determinador del ataque a alias Zarco Aldinever, un conocido disidente de las Farc vinculado a la Segunda Marquetalia, quien, según versiones no confirmadas, habría muerto recientemente en Venezuela durante una emboscada del ELN.
El abogado penalista Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, anunció que solicitará que esta hipótesis sea incluida formalmente en el expediente judicial y que se entregue la evidencia que respalde dichas declaraciones.
Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de menores en actividades delictivas y la efectividad del sistema de justicia para adolescentes en Colombia.
