El cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, de 77 años, se declarará culpable el próximo 25 de agosto en Nueva York, según anunció el juez Brian Cogan, lo que le permitirá evitar un juicio y posiblemente obtener una condena reducida.
Zambada enfrenta 17 cargos, incluidos asesinato y tráfico de armas y drogas, especialmente fentanilo, un narcótico 50 veces más potente que la cocaína y responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año.
El pasado 14 de septiembre, Zambada se había declarado no culpable, pero el cambio de declaración sugiere un acuerdo con la fiscalía del Distrito Este de Brooklyn. Este acuerdo podría resultar en una sentencia más leve que la impuesta a su antiguo socio Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019.
A principios de agosto, la fiscalía renunció a solicitar la pena de muerte, aunque Zambada no está protegido por un acuerdo de extradición mexicano que excluya la pena capital. El narcotraficante fue detenido el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos, tras llegar en un avión acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo.
Zambada alegó haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López para ser trasladado a Estados Unidos, a cambio de beneficios judiciales para él y sus hermanos.
Contexto familiar y cártel de Sinaloa
El caso de Zambada se desarrolla en paralelo con el de dos hijos del Chapo, en conflicto con la facción del “Mayo” en Sinaloa, que ha dejado más de mil muertos y numerosos desaparecidos desde 2016.
Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, se declaró culpable el pasado 11 de julio en Estados Unidos, mientras que Joaquín Guzmán López, detenido junto a Zambada, también podría alcanzar un acuerdo similar en Chicago.
El gobierno estadounidense acusa a los hijos del Chapo y a sus medios hermanos de liderar el cártel de Sinaloa desde la detención de su padre, y mantiene 29 narcotraficantes más en espera de juicio, entre ellos Rafael Caro Quintero, ligado al homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.
A mediados de agosto se sumó otra entrega de 26 presuntos narcotraficantes, incluyendo miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa, en medio de presiones para que México detenga el contrabando de drogas, especialmente de fentanilo, bajo amenaza de aranceles elevados.
