Atendiendo una solicitud del Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó la entrega en extradición de Francisco Alberto Cedeño Amparo, ciudadano dominicano requerido por las autoridades de Estados Unidos para cumplir una condena de 114 años de prisión por homicidio y tentativa de asesinato en Puerto Rico.
Cedeño fue condenado por la muerte de un hombre a causa de heridas de arma blanca y por la tentativa de asesinato contra una mujer, hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2008 en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, logró escapar el día en que era trasladado a la Corte de Primera Instancia de San Juan para la lectura de su sentencia.
Posteriormente, en 2016, tras huir hacia República Dominicana, fue arrestado gracias a una alerta internacional emitida por las autoridades puertorriqueñas. No era la primera vez que burlaba a la justicia: anteriormente se había fugado tras imponérsele una fianza de 1.5 millones de dólares.
El Ministerio Público dominicano estuvo representado en el proceso por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, y por la fiscal Elvira Rodríguez.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, quienes acogieron la solicitud formulada por el Gobierno de Estados Unidos al considerar que se ajusta a la normativa nacional y a los tratados internacionales vigentes entre ambos países.
La SCJ dispuso que la Procuraduría General de la República quede a cargo de la tramitación y ejecución de la decisión, la cual deberá ser comunicada a la autoridad administrativa correspondiente para que el Poder Ejecutivo emita el decreto que formalice la entrega.
Mientras se concreta el proceso, Cedeño permanecerá bajo prisión preventiva como medida de coerción.
El Ministerio Público resaltó que este caso se enmarca en el tratado de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, además de constituir un paso más en el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional contra la delincuencia y el crimen transnacional.
