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Ángel Hernández, exministro de Educación, reconoció públicamente que utilizó recursos de su fundación para realizar inversiones vinculadas a un proyecto inmobiliario, en medio de cuestionamientos sobre su gestión al frente del Ministerio de Educación.
Durante varias entrevistas, Hernández defendió sus acciones, asegurando que los movimientos de dinero se realizaron para proteger y consolidar los recursos de la institución, y que no constituyen lavado de activos, sino transferencias dentro de la estructura de la fundación. “El dinero no fue en efectivo, sino una transferencia para garantizar que los recursos estén mejor utilizados y consolidados”, afirmó.
No obstante, en declaraciones al programa El Sol de la Mañana, críticos de Hernández lo acusaron de mentir sobre su desvinculación de su universidad y sobre la transparencia de sus finanzas. Según los documentos presentados en el programa:
La universidad vinculada a Hernández recibió entre 2020 y 2023 contratos por 209 millones de pesos, aunque él aseguró haberse desvinculado.
La participación de su esposa y familiares en contratos y en la estructura de la fundación habría violado la Ley 340-06 sobre conflictos de intereses y contratación con el Estado.
Se cuestionó la supuesta transparencia de su ONG, cuyos miembros son mayoritariamente familiares de Hernández, y el uso de fondos públicos para inversiones privadas, incluyendo la compra de terrenos con fines inmobiliarios y turísticos.
El programa también cuestionó la veracidad de un acuerdo que Hernández habría firmado con un empresario europeo, que según sus críticos se presentó como una venta futura de terrenos a precio garantizado, algo que en la práctica constituye una venta condicionada.
Hernández respondió que algunas propiedades y transacciones de su esposa y allegados no estaban inicialmente incluidas en su declaración jurada, pero que posteriormente se realizaron las rectificaciones correspondientes. Insistió en que todas sus acciones estaban destinadas a “derrumbar irregularidades por la vía correcta” y destacó los logros de su gestión, incluyendo reformas educativas, digitalización de escuelas y mejoras en la formación docente.
El caso ha generado un intenso debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y privados vinculados a exfuncionarios del Ministerio de Educación, con cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la correcta administración de recursos destinados a la educación.
