El reciente ataque militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra una embarcación venezolana en aguas internacionales del Caribe ha desatado una ola de cuestionamientos legales y diplomáticos. El operativo, que dejó 11 muertos, fue ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses contra presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, señalados por Washington como “narcoterroristas”.
Según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times, el barco habría cambiado de rumbo antes de ser atacado, lo que ha intensificado el debate sobre la legalidad de la acción. Especialistas jurídicos, incluidos exjueces abogados generales de la Marina, han puesto en duda la existencia de una “amenaza inminente” que justifique el uso de fuerza letal.
El contraalmirante Donald Guter cuestionó: “Si alguien se está retirando, ¿dónde está entonces la defensa propia?”. Por su parte, James McPherson advirtió que si el barco se dio la vuelta, “esa amenaza ha desaparecido”. Ambos coinciden en que el ataque representa una desviación de las prácticas tradicionales de interdicción de drogas, que suelen implicar arrestos y decomisos, no bombardeos.
El presidente Trump defendió la operación como parte de su política de “cero tolerancia” contra el narcotráfico, y publicó un video de vigilancia aérea mostrando la embarcación antes de la explosión. Aunque aseguró tener “grabaciones de ellos hablando”, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas que respalden sus afirmaciones.
La Casa Blanca argumentó que el uso de la fuerza está amparado por las leyes de los conflictos armados, citando el impacto del narcotráfico en la salud pública estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a los sospechosos como una “amenaza inmediata” y afirmó que el barco se dirigía posiblemente a Trinidad y Tobago.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que quienes intenten contrabandear drogas hacia Estados Unidos “correrán la misma suerte”. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha acusado a Washington de manipular evidencia y de utilizar inteligencia artificial para fabricar el video del ataque.
