La represión del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua trasciende fronteras y alcanza a ciudadanos nicaragüenses en el exilio, denunció este martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, que instó a otros Estados a exigir responsabilidades ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
El informe documenta que al menos 452 personas fueron privadas de su nacionalidad entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, muchas sin proceso legal, y que otros exiliados se convirtieron en apátridas al negárseles la renovación de pasaportes y documentos oficiales. Reed Brody, miembro del grupo, señaló que existe “un clima de miedo” entre la diáspora nicaragüense, donde “ningún lugar en el mundo parece seguro para quienes se oponen a Ortega y Murillo”.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo, destacó que los exiliados enfrentan desarraigo, pérdida de identidad legal, colapso económico, aislamiento social y vigilancia constante. El informe también menciona el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado Roberto Samcam en Costa Rica, uno de varios ataques violentos contra exiliados en los últimos años.
Dentro de Nicaragua, la ONU documenta un aumento de detenciones masivas, torturas y desapariciones forzadas. Hasta junio, al menos 75 personas fueron detenidas por motivos políticos, 16 sufrieron torturas y 31 desaparecieron. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también reporta la cancelación de 5.535 organizaciones desde 2018, afectando además a 850 asociaciones religiosas y provocando expulsiones y detenciones arbitrarias de líderes religiosos.
Maarit Kohonen, directora de la División de Operaciones Globales de la ONU, urgió al Gobierno nicaragüense a liberar a todos los detenidos arbitrariamente y esclarecer el paradero de los desaparecidos. Por su parte, Nicaragua no participó en el debate del informe tras retirarse de diversos organismos internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos.
