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El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Andrés de Jesús Espinal Pérez, alias “Mazaso”, y Joan Adón, acusados de cometer múltiples delitos entre 2024 y 2025, incluyendo homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Según la solicitud presentada por el fiscal José Ramón Martínez Cordero, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidio) del Distrito Nacional, uno de los hechos ocurrió el 14 de julio de 2025, alrededor de las 7:15 de la noche, cuando los imputados interceptaron a Yeral Augusto Féliz en la cañada de Bonavide, entre los sectores Guachupita y 27 de Febrero, y le realizaron múltiples disparos que le causaron la muerte. El informe médico legal determinó que la víctima falleció por herida de arma de fuego en el tórax, con choque hemorrágico interno y laceración pulmonar.
Además, se imputa a Espinal Pérez su participación en otro hecho ocurrido el 8 de septiembre de 2024, en la calle San Martín de Porres, sector Guachupita, donde junto a otra persona aún no identificada disparó contra un adolescente de 17 años, provocándole una herida en el hombro izquierdo. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó la lesión como curable en un período de 22 a 30 días. Esta investigación fue dirigida por la procuradora fiscal Vidalys Mora.
El expediente también incluye la entrega voluntaria de un arma de fuego tipo pistola, marca HI-Point, calibre 9mm, con cargador y diez cápsulas, sin documentación legal, durante la ejecución de la orden de arresto No. 2024-AJ0018110 el 28 de septiembre de 2025.
Los hechos fueron calificados como violaciones a los artículos 265, 266, 295 y 304-II del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y homicidio, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas de fuego. En el caso de 2024, se suman los artículos 2, 295, 304-II y 309 por tentativa de homicidio y lesiones.
El Ministerio Público argumenta que, dada la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, los imputados representan una amenaza para la sociedad, por lo que solicita prisión preventiva como medida de coerción.
