El Congreso peruano desató una tormenta diplomática este jueves al declarar “persona non grata” a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que calificó como una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país. La decisión se tomó tras el polémico asilo político otorgado a la exjefa de gabinete Betssy Chávez, procesada por su rol en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.
La moción, impulsada por partidos de derecha, fue aprobada con 63 votos a favor, 33 en contra y dos abstenciones. Según el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, Sheinbaum ha mantenido una actitud “hostil” hacia Perú desde que asumió el cargo en octubre de 2024.
“La presidenta no solo ha hecho declaraciones que desprestigian a nuestra nación, sino que ahora ha dado asilo a una figura clave en el intento de ruptura del orden constitucional”, afirmó Rospigliosi en conferencia de prensa.
El lunes, Perú rompió relaciones diplomáticas con México, intensificando el conflicto. Chávez permanece en la residencia de la embajada mexicana en Lima, mientras la cancillería peruana evalúa una solicitud de salvoconducto.
Rospigliosi también recordó que México otorgó previamente asilo a la esposa de Castillo, lo que calificó como una “conducta reiterada” de interferencia.
Desde la bancada opositora, el congresista Jaime Quito criticó duramente la medida: “Una vez más hacen el papelón internacional. Rompen relaciones con un país hermano y desconocen convenios internacionales sobre asilo que Perú ha firmado desde 1954”.
El presidente interino José Jerí anunció que la encargada de la embajada mexicana, Karla Ornela, fue notificada para abandonar el país en un plazo perentorio.
México respondió calificando la decisión de Lima como “excesiva y desproporcionada”, defendiendo el asilo como un acto legítimo y conforme al derecho internacional.
Mientras tanto, el comercio bilateral entre ambos países continúa sin alteraciones.
En marzo comenzó el juicio contra Chávez y Castillo por presunto delito de rebelión. La fiscalía solicita 25 años de prisión para la exministra, quien enfrenta el proceso en libertad, mientras que el expresidente permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022.
México, fiel a su tradición de asilo político, ha acogido en años recientes a figuras como Evo Morales y Jorge Glas, reafirmando su postura frente a casos de persecución política en la región.
