La reciente suspensión de Monseñor Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo, por presuntas irregularidades administrativas, ha reavivado la preocupación por la transparencia y la credibilidad de la Iglesia Católica en la República Dominicana.
Aunque el caso de Ozoria se centra en cuestiones administrativas y no penales, se suma a una serie de controversias que han marcado al clero dominicano en la última década.
Uno de los precedentes más recordados es el del exnuncio apostólico Józef Wesołowski, acusado en 2013 de abuso sexual de menores durante su misión en el país. La destitución y posterior expulsión del estado clerical de Wesołowski evidenciaron fallas institucionales en la protección de niños vulnerables y generaron un “sismo moral” en la sociedad dominicana y en la Santa Sede.
Fuentes eclesiásticas indican que la suspensión de Ozoria responde a presuntas fallas en la gestión de recursos de la arquidiócesis de Santo Domingo. Aunque la Santa Sede no ha ofrecido mayores detalles, la medida ha generado inquietud entre los fieles y ha reavivado los cuestionamientos sobre la transparencia interna de la institución.
La Iglesia Católica dominicana, una de las más influyentes de la región, enfrenta hoy el desafío de recuperar la confianza pública y reafirmar su autoridad moral ante una sociedad que exige coherencia entre su mensaje evangélico y la práctica institucional.
