El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración a la prensa de un correo enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según la sentencia, García Ortiz difundió información protegida contenida en un correo en el que la defensa de González Amador reconocía dos delitos fiscales como parte de una propuesta de acuerdo con la Fiscalía. Ese contenido acabó reflejado en una nota pública del Ministerio Público destinada a desmentir que hubiera sido la Fiscalía —y no el empresario— quien había ofrecido un pacto.
El Supremo, por mayoría de cinco magistrados frente a dos, considera que el fiscal general incurrió en el delito previsto en el artículo 417.1 del Código Penal, castigado para autoridades que revelen secretos o informaciones que conocen por razón de su cargo. La resolución incluye un voto particular discrepante de las juezas Ana María Ferrer y Susana Polo.
Además de la inhabilitación y la multa, la Sala impone a García Ortiz una indemnización de 10.000 euros a favor de González Amador por daños morales, así como el pago de las costas procesales, incluida la acusación particular.
La sentencia, que es firme, implicará la salida inmediata de García Ortiz de la jefatura de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba desde julio de 2022. Durante el juicio, él negó haber filtrado el correo y defendió que actuó para “proteger la verdad”, mientras su defensa alegó que varios periodistas habían tenido acceso al documento antes que él.
Tras el fallo, García Ortiz podrá presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Supremo como paso previo para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
