El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que Haití ya no cumple con los requisitos legales para el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que implica que más de medio millón de haitianos que viven en Estados Unidos deberán prepararse para regresar a su país.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la decisión se tomó tras consultar con diversas agencias gubernamentales y realizar un análisis del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Según la agencia, “permitir que ciudadanos haitianos permanezcan temporalmente en Estados Unidos es incompatible con los intereses nacionales de Estados Unidos”. La medida entrará en vigor el 3 de febrero de 2026.
La cancelación del TPS afecta a una población que enfrenta una grave crisis en Haití, con bandas criminales que controlan las carreteras principales hacia la capital, Puerto Príncipe, y han extendido su violencia a zonas rurales. Naciones Unidas estima que 2,7 millones de haitianos viven en barrios bajo control de pandillas y más de 1,4 millones son desplazados internos.
El DHS indicó que los beneficiarios del TPS deben “prepararse para partir si no tienen otra base legal para permanecer en Estados Unidos”.
La decisión ha generado críticas de abogados y defensores de inmigrantes. Ira Kurzban, parte del equipo legal que demanda a la administración, calificó la justificación del gobierno como “mentiras descaradas” y acusó a la administración de Trump, junto con Noem y otros funcionarios, de actuar por “odio hacia los haitianos y racismo hacia los refugiados negros”.
