Guinea-Bisáu, uno de los países más inestables de África occidental, enfrenta una profunda crisis política tras un extraño golpe de Estado ocurrido el 26 de noviembre, que interrumpió el proceso electoral y depuso al presidente Umaro Sissoco Embaló.
El Ejército justificó la acción como una medida para «salvar la democracia», alegando que grupos vinculados al narcotráfico intentaban manipular las elecciones generales del 23 de noviembre, en las que tanto Embaló como su principal rival, Fernando Dias da Costa, se proclamaron vencedores.
El general Horta N’ta, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue nombrado presidente de un período de transición de un año.
Sin embargo, la situación es confusa: opositores y observadores internacionales cuestionan la versión oficial, sugiriendo que podría tratarse de un autogolpe de Embaló para evitar su derrota electoral. El expresidente nigeriano Goodluck Jonathan describió el hecho como un «golpe ceremonial», ya que Embaló anunció la acción antes de que los militares asumieran el control.
Tras el levantamiento, Embaló huyó primero a Senegal y luego a la República del Congo, mientras que su rival Dias da Costa permanece en Guinea-Bisáu bajo protección de la embajada de Nigeria.
La crisis provocó la suspensión de Guinea-Bisáu en la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y en la Unión Africana, que exigen el restablecimiento del orden constitucional. La Cedeao envió una misión de mediación encabezada por el presidente de Sierra Leona, Julius Maada Bio.
El nuevo Gobierno de transición incluye a varias figuras cercanas al depuesto Embaló, con Ilídio Vieira Té como primer ministro y ministro de Hacienda.
Guinea-Bisáu tiene un historial de inestabilidad política, con cinco golpes exitosos desde su independencia en 1974, y enfrenta además retos relacionados con el narcotráfico, pues su territorio es una ruta estratégica para la cocaína entre América Latina y Europa. El presidente de transición ha prometido tolerancia cero contra estas actividades.
La situación política en Guinea-Bisáu sigue siendo incierta, y el futuro del país dependerá de cómo evolucione este período de transición y de la capacidad de los actores locales e internacionales para restaurar el orden constitucional.
