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El Tribunal Supremo Popular de Cuba impuso cadena perpetua al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, tras hallarlo culpable de espionaje y otros delitos graves, según informaron este lunes medios oficiales.
Se trata del funcionario de más alto rango condenado en la isla en al menos los últimos quince años.
Los jueces determinaron que Gil incurrió en espionaje, cohecho, sustracción y daño de documentos bajo custodia oficial, así como violación de sellos e infracción de normas relativas a información clasificada.
Estos cargos fueron analizados en un primer juicio celebrado en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre.
En un segundo proceso, llevado a cabo del 26 al 29 del mismo mes, el exministro también fue declarado culpable de cohecho para falsificar documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, todos cometidos de manera continuada. Por este expediente adicional recibió una pena de 20 años de prisión. Ambas sentencias pueden ser apeladas en un plazo de diez días.
De acuerdo con el comunicado del tribunal, Gil “empleó prácticas corruptas y simuladas para sacar provecho personal de las funciones que tenía asignadas”, incluyendo la recepción de dinero de compañías extranjeras y el soborno a otros funcionarios para legalizar la compra de bienes. Asimismo, engañó a la alta dirección del país y “causó perjuicios a la economía nacional”.
La nota añade que el exministro manipuló indebidamente información clasificada, la sustrajo y la entregó a “servicios del enemigo”, lo que el tribunal calificó como conductas “altamente dañinas” que demandan una “respuesta penal severa”, señalando que “la traición a la Patria constituye el delito más grave”.
Alejandro Gil, cercano colaborador del presidente Miguel Díaz-Canel y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, dirigió el Ministerio de Economía entre 2018 y 2024. Fue destituido en febrero del año pasado, inicialmente por fallos en la implementación de reformas económicas en un contexto de crisis. Un mes más tarde, Díaz-Canel reveló que estaba siendo investigado por “graves errores” vinculados a hechos de corrupción. En octubre, la Fiscalía confirmó que enfrentaba imputaciones por once delitos.
La condena marca un episodio sin precedentes recientes en la cúpula gubernamental cubana y refleja una de las ofensivas anticorrupción más contundentes emprendidas por el Estado en los últimos años.
