A pesar de los reiterados llamados del presidente Donald Trump para que las grandes compañías petroleras estadounidenses retomen operaciones en Venezuela, la industria se mantiene cautelosa y poco inclinada a invertir en el país sudamericano.
Tras la detención del presidente Nicolás Maduro por un ataque militar liderado por Washington, Trump expresó su deseo de que firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vuelvan a extraer crudo venezolano. Sin embargo, según analistas y ejecutivos del sector, las condiciones actuales del país y el elevado costo necesario para reactivar la producción mantienen a estas empresas a distancia.
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 303.000 millones de barriles, principalmente en la Faja del Orinoco, un crudo extrapesado que exige tecnología avanzada y millonarias inversiones. Durante la década de 1990, la producción alcanzaba 3,5 millones de barriles diarios; hoy apenas supera el millón.
Según Rystad Energy, para restaurar los niveles de producción de antaño se necesitarían entre 8.000 y 9.000 millones de dólares anuales durante los próximos 14 años. “El horizonte temporal para este tipo de inversión se mide en décadas, no en años”, explica Mark Jones, catedrático de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Rice.
Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense con presencia activa en Venezuela, aportando cerca del 27% de la producción nacional mediante empresas mixtas, equivalentes a unos 242.000 barriles diarios. Aun así, el país sigue siendo un actor marginal en el mercado global, con menos del 1% del suministro mundial.
Expertos coinciden en que un eventual aumento de la producción venezolana tendría un efecto mínimo en los precios internacionales del petróleo, que se mantienen alrededor de 69 dólares el barril, su nivel más bajo desde 2020. La incertidumbre política, el historial de nacionalizaciones y la baja rentabilidad frenan a las grandes compañías extranjeras.
La insistencia de Trump también genera inquietud dentro de la industria estadounidense. Para Kirk Edwards, CEO de una empresa energética en Texas, “el mensaje que se envía es equivocado: estamos desplazando empleos y ganancias al extranjero, en lugar de mantener incentivos para la perforación dentro de Estados Unidos”.
