La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este miércoles una reforma constitucional que establece que los ciudadanos nicaragüenses perderán automáticamente su nacionalidad al adquirir otra, según informó el Legislativo. La medida ha generado críticas por parte de la oposición en el exilio, que la considera un paso más en la consolidación del poder del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Canal Parlamentario informó a través de su cuenta de Facebook que la reforma modifica parcialmente los artículos 23 y 25 de la Constitución Política. El artículo 25 ahora establece que “la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad”, mientras que el artículo 23 señala que los extranjeros podrán ser nacionalizados únicamente tras renunciar a su nacionalidad original.
La enmienda fue aprobada en primera legislatura en mayo de 2025 y ratificada este miércoles en segunda legislatura, completando el procedimiento legal establecido. Ortega y Murillo justificaron la reforma alegando que “la nacionalidad no es un trámite administrativo, sino un compromiso sagrado de lealtad”, y que no puede existir una doble fidelidad hacia otro país.
Grupos opositores en el exilio, como la Unión Democrática Renovadora (Unamos), calificaron la medida de “profundización de la escalada autoritaria” y denunciaron que genera “incertidumbre y vulnerabilidad” entre los nicaragüenses que han adquirido otra nacionalidad. Unamos señaló que la nacionalidad es un derecho inherente y que la reforma refleja “el afán de silenciar voces críticas y consolidar el poder mediante la represión”.
Actualmente, cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por decisión del gobierno, y a otros se les ha negado la entrada al país en el marco de una ofensiva prolongada contra la disidencia.
Este cambio se suma a otras reformas profundas a la Constitución aprobadas en febrero de 2025, que transformaron la estructura del Estado, eliminaron el equilibrio de poderes y concentraron el poder en Ortega y Murillo. Entre los cambios figuraron la legalización de la figura de “copresidenta”, la derogación de la prohibición de la tortura y la eliminación de derechos fundamentales, según ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Ortega, de 80 años, lidera Nicaragua desde 2007 y gobierna junto a Murillo desde 2017, enfrentando denuncias de fraude electoral y de represión sistemática de la oposición.
