Mariana González, hija del dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, denunció este lunes que ha sido objeto de intentos de coacción por parte de personas que le exigieron presionar a su padre para que dejara su lucha política, a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, detenido desde enero de 2025.
En un comunicado publicado en su cuenta de X, González aseguró que sufrió tres episodios de extorsión, cometidos por individuos vinculados tanto a autoridades del país como a representantes de la Iglesia y organizaciones que se presentan como defensoras de derechos humanos. En cada caso, afirmó, hubo testigos que presenciaron y escucharon las amenazas. Estas presiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas, oficinas del Arzobispado y espacios de ONG, lugares que deberían garantizar neutralidad y protección de derechos.
Mariana González calificó estos hechos como un patrón de persecución indirecta, en el que la privación de libertad de su esposo se utiliza como herramienta de presión política y personal. “Ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito. Todo esto es arbitrariedad, no justicia”, afirmó.
La hija del opositor denunció que el proceso judicial contra Tudares carece de pruebas sólidas. Aseguró que no hay testigos ni evidencias, y que nunca se le permitió acceder al expediente, mientras que su esposo, abogado de profesión, comprobó por sí mismo que no existían elementos que sustentaran los cargos. La condena de 30 años de prisión, según Mariana, constituye una violación del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa, tal como lo establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Mariana González también señaló que su esposo es víctima de un proceso político de venganza, y recordó que la situación llevó a su padre a exiliarse en España en septiembre de 2024, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela, alegando haber ganado las elecciones.
El arresto de Tudares se produjo el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, en la misma operación que también involucró al defensor de derechos humanos Carlos Correa y al excandidato presidencial Enrique Márquez, quienes posteriormente fueron liberados.
